Xavier Lasso afirma que reforma sobre ausencias de 90 días podría usarse para apartar a alcaldes opositores

Xavier Lasso, asambleísta de Revolución Ciudadana, denunció que la disposición para convertir en definitiva la ausencia de autoridades seccionales que supere los 90 días consecutivos fue incorporada a última hora al informe de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

El legislador sostuvo que Sergio Peña presentó la propuesta durante la sesión del 3 de noviembre de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, pese a no ser integrante de esa mesa. Según Lasso, el articulado ya había sido revisado y trabajado por los equipos de asesores.

“No estaba en el informe”, afirmó sobre la propuesta de los 90 días. Cuestionó que el presidente de la comisión, Christian Benavides, concediera primero la palabra a Peña y luego dispusiera un receso de 10 minutos para revisar cómo quedaba un documento de 220 páginas.

“La información tiene que llegarnos a los asambleístas de manera nítida, clara, transparente, con el tiempo oportuno para darnos la oportunidad de estudiar, analizar con nuestros equipos de asesores qué es lo que están diciendo con esta ley. No nos dieron ese espacio”, sostuvo.

Lasso reconoció que la reforma no es retroactiva, pero consideró que podría utilizarse posteriormente contra autoridades opositoras mediante procesos judiciales y medidas de prisión preventiva que las aparten de sus funciones.

“Es una norma que pone en una situación de mayor fragilidad a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes de juntas parroquiales”, afirmó.

El asambleísta sostuvo que el texto deja espacio para interpretaciones discrecionales respecto al cómputo de los 90 días. También acusó al oficialismo de utilizar la Fiscalía y la justicia para perseguir a sus adversarios políticos.

Lasso cuestionó, además, que la comisión no atendiera las dificultades de los gobiernos locales relacionadas con las asignaciones pendientes del Gobierno y la entrega de asfalto por parte de Petroecuador.

Sobre las disposiciones de telecomunicaciones, objetó que una licencia pueda considerarse concedida si el municipio no se pronuncia en 30 días.

En materia de tierras, afirmó que fueron eliminados del informe los artículos 46 y 47, que recogían propuestas de Franklin Samaniego sobre expropiación y precio justo, para incorporar otras disposiciones. Sostuvo que esos aportes habían sido expuestos previamente ante la comisión.

El legislador también denunció obstáculos para que Revolución Ciudadana proponga cambios al orden del día en el pleno. Afirmó que las solicitudes de su bancada quedan relegadas al cuarto lugar, mientras que el reglamento permite tratar un máximo de tres por sesión.

Respecto a la Ley Antimafias, Lasso explicó que los integrantes de su bancada estuvieron presentes en la sala, pero decidieron no intervenir en el debate. Sostuvo que buscaban evitar participar en un intercambio de acusaciones contra Revolución Ciudadana.

El asambleísta calificó la normativa como “peligrosísima” y expresó su preocupación por que pueda utilizarse para acusar a opositores de pertenecer a organizaciones criminales. Relacionó ese cuestionamiento con lo que denunció como judicialización de la política.

Lasso también cuestionó los resultados de la política de seguridad del Gobierno. Sostuvo que el incremento del IVA y las reformas legales no han logrado reducir drásticamente las muertes violentas y consideró que falta una política social.

“Su política de seguridad es un fracaso porque no tiene política social”, afirmó.

Finalmente, denunció que funcionarios vinculados al oficialismo han participado en actividades de campaña sin que, a su criterio, se apliquen las restricciones correspondientes. Sostuvo que los servidores públicos deben solicitar licencia sin remuneración para incorporarse a actividades proselitistas.