Verónica Iñiguez acusa al Gobierno de utilizar a la Asamblea como una «herramienta de campaña» contra municipios
La legisladora de la Revolución Ciudadana cuestionó los procesos contra gobiernos locales y afirmó que el CAL impidió continuar una fiscalización sobre las desconexiones eléctricas industriales.

La asambleísta Verónica Iñiguez acusó al Gobierno de utilizar a la Asamblea Nacional para actuar contra municipios que no controla políticamente, a cinco semanas de las elecciones. La legisladora sostuvo que los procedimientos contra Quito, Guayaquil y Cuenca buscan desviar la atención de los problemas de salud, seguridad y energía.
«El Gobierno está utilizando a la Asamblea Nacional como una herramienta de campaña, y lo hace en contra de los municipios que no controla», dijo.
Iñiguez cuestionó la propuesta del asambleísta Andrés Castillo de instar al Ministerio de Trabajo a intervenir en asuntos del Municipio de Quito. A su criterio, recurrir a esa cartera constituye un «atajo» que tampoco tendría sustento legal.
La legisladora citó los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público para sostener que el Ministerio no tiene competencia para realizar ese control sobre los municipios y que los incumplimientos deben comunicarse a la Contraloría.
«Cambiarle de nombre a este procedimiento o cambiarle de institución no le da la competencia», afirmó.
Sobre Quito, Iñiguez sostuvo que existen 539 acciones legales, 59 procesos de control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 28 pedidos de información o comparecencia desde la Asamblea, 67 procesos suspendidos por el Servicio de Contratación Pública y 13 denuncias en la Fiscalía. Según su planteamiento, estas actuaciones dificultan la ejecución de obras.
La asambleísta también afirmó que recibió una comunicación del Consejo de Administración Legislativa que impedía continuar un proceso de fiscalización sobre las desconexiones eléctricas a empresas de mediano voltaje. Acusó al oficialismo de bloquear el control sobre la gestión energética mientras impulsa actuaciones contra autoridades locales.
En otro momento, Iñiguez expresó su solidaridad con Jahiren Noriega y Alondra Santiago por las publicaciones de Sergio Peña. Calificó su comportamiento de misógino y sostuvo que evidencia la necesidad de reformar la normativa para sancionar las actuaciones de legisladores contra ciudadanos.
La legisladora anunció que no respaldará la propuesta sobre los gobiernos locales y pidió que las investigaciones y controles sean realizados por las instituciones competentes.


