Alianza por los Derechos Humanos denuncia la criminalización de 336 personas defensoras en Ecuador desde 2024
El análisis de 30 casos emblemáticos identifica 509 procesos judiciales, hostigamientos administrativos y otras formas de criminalización entre enero de 2024 y octubre de 2026.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunció que 336 personas defensoras de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza han sido criminalizadas entre enero de 2024 y octubre de 2026. El registro comprende a 86 mujeres y 250 hombres.
La organización identificó estas situaciones en una muestra de 30 casos emblemáticos. Aclaró que cada caso puede involucrar a varias personas y sostuvo que una misma persona puede enfrentar hasta nueve juicios.
Del total, 136 corresponden a personas que defienden sus territorios frente a actividades mineras, entre ellas integrantes de las comunidades campesinas de Palo Quemado y Las Naves.
Otras 79 son líderes sociales, personas defensoras de la naturaleza y redes de apoyo de pueblos y nacionalidades, en contextos de protesta social e iniciativas de revocatoria del mandato. En este grupo, la Alianza incluyó bloqueos de cuentas de dirigentes y organizaciones como UNORCAC, PAKKIRU, UDAPT, Fundación Pachamama y Alianza Ceibo.
El registro también identifica a 54 personas indígenas y campesinas que, según la organización, han sido criminalizadas por defender sus territorios ancestrales. Entre los ejemplos menciona a la Comunidad Kichwa Ancestral Tzawata-Ila-Chukapi y a su presidente, Kambak Alvarado, por los juicios que enfrentan en el conflicto territorial con la empresa Terraturismo.
Además, la Alianza contabilizó a 46 personas defensoras indígenas, principalmente dirigentes, vinculadas a procesos por acciones de protesta social. Citó el caso de Gregorio Aguinda, a quien describe como criminalizado por terrorismo durante el paro nacional de 2025 y que actualmente enfrenta un juicio por presunto ataque o resistencia.
La publicación incluye a ocho integrantes de Yasunidos sancionados, según la información presentada, con una multa de USD 18.000 por una diferencia contable de USD 0,39.
Las 13 personas restantes corresponden a situaciones relacionadas con derechos digitales, conflictos urbanos y defensa frente al extractivismo petrolero, entre otros ámbitos.
