Tres funcionarios del Ministerio de Educación son investigados por presunta venta de puestos
Uno fue detenido para formulación de cargos y los otros dos con fines investigativos. Los cobros habrían oscilado entre USD 1.500 y USD 5.000.
Tres funcionarios del Ministerio de Educación fueron son investigados por presunta venta de puestos de trabajo en instituciones educativas públicas. John Reimberg, ministro del Interior, informó que se realizaron tres allanamientos: uno en la sede ministerial y dos en viviendas de empleados.
El ministro identificó el delito investigado como concusión y afirmó que los involucrados cobraban entre USD 1.500 y USD 5.000 por conseguir un puesto.
Según Reimberg, Ayala R., funcionario del área de mantenimiento, fue detenido para formulación de cargos y registra movimientos económicos injustificados superiores a USD 1 millón. El ministro sostuvo que esos movimientos fueron una de las primeras alertas de la investigación.
Ochoa N., funcionario del área de conducción, y Félix P., de servicios generales, fueron detenidos con fines investigativos para rendir versión. Reimberg precisó que la Fiscalía decidirá si les formula cargos después de esas diligencias.
La investigación duró más de tres meses y comenzó tras una denuncia presentada ante la ministra de Educación. Durante los allanamientos, los equipos buscaban teléfonos, otros dispositivos electrónicos y documentos relacionados con los hechos investigados.
Reimberg describió una presunta estructura en la que unas personas captaban a quienes buscaban empleo y otras recaudaban los pagos para distribuirlos entre los participantes. Afirmó que la investigación continuará para determinar quiénes más estarían involucrados.
Gilda Alcívar, ministra de Educación, sostuvo que entregó la información a la Secretaría de Integridad Pública y al Ministerio del Interior cuando conoció los indicios. Afirmó que la presunta red operaba desde gobiernos anteriores y tenía conexiones en diferentes provincias.
Reimberg también anunció que existen operaciones preparadas en otras instituciones públicas por hechos similares, aunque no precisó cuáles.
