Trece miembros del Congreso de Estados Unidos piden a Rubio suspender la cooperación militar con Ecuador
Los legisladores denunciaron autoritarismo y persecución contra la oposición durante el gobierno de Daniel Noboa. Advirtieron con impulsar restricciones a la venta de armas y al financiamiento de operaciones conjuntas.
Trece miembros del Congreso de Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, suspender inmediatamente la asistencia de seguridad y la cooperación con Ecuador, incluidas las operaciones militares conjuntas. En una carta fechada el 6 de noviembre de 2026, pidieron mantener esa suspensión hasta que se restablezcan la democracia y el Estado de derecho y cese lo que consideran persecución contra dirigentes y organizaciones de oposición.
La carta está firmada por Jesús G. “Chuy” García, Jonathan L. Jackson, Greg Casar, Nydia M. Velázquez, Rashida Tlaib, Jasmine Crockett, Eleanor Holmes Norton, Delia C. Ramirez, Summer L. Lee, Jan Schakowsky, Adelita S. Grijalva, Ro Khanna y Henry C. “Hank” Johnson Jr.
Los legisladores expresaron preocupación por el acercamiento militar de la administración de Donald Trump con el gobierno de Daniel Noboa. Afirmaron que esa relación se profundiza mientras en Ecuador se registran ataques a la independencia judicial, restricciones a la libertad de prensa y represión contra actores políticos de distintas tendencias.
Los congresistas situaron la detención de Luisa González dentro de ese contexto. Recordaron que la excandidata presidencial fue arrestada el 22 de octubre por una investigación sobre presuntas irregularidades financieras en su campaña de 2023 y sostuvieron que el proceso parece tener motivaciones políticas.
Los firmantes también mencionaron las detenciones de integrantes del equipo de González, las órdenes de arresto contra otros miembros de Revolución Ciudadana, incluido Andrés Arauz, y los allanamientos en oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Además, cuestionaron las amenazas públicas de detención contra Muñoz y el encarcelamiento del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Los legisladores cuestionaron la actuación del fiscal general interino Carlos Alarcón, a quien describieron como aliado de Noboa. Afirmaron que ha protegido al mandatario y a sus allegados mientras procesa a funcionarios de oposición. También sostuvieron que las acusaciones contra González han cambiado y que las autoridades han presentado pocas pruebas para sustentarlas.
Los congresistas expresaron preocupación porque José Julio Neira expuso públicamente detalles de las acusaciones contra González en un video difundido en redes sociales. A su criterio, esa actuación plantea dudas sobre la separación de poderes y la independencia judicial.
Los firmantes también cuestionaron decisiones electorales que afectaron a organizaciones y candidaturas opositoras. Mencionaron las suspensiones de Revolución Ciudadana y Amigo, la cancelación del estatus legal de Unidad Popular y Construye y la descalificación de Jan Topic de la contienda presidencial de 2025. Precisaron que Unidad Popular recuperó su personería después de una disputa legal.
Los legisladores denunciaron presión gubernamental sobre los tribunales y ataques a la libertad de prensa. También cuestionaron la prolongación de las medidas de emergencia y citaron denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y abuso sexual en cárceles de mujeres.
Los congresistas reprocharon a la administración Trump mantener una cooperación de seguridad cada vez más estrecha sin exigir responsabilidades al Gobierno ecuatoriano. Cuestionaron la entrega de equipos y entrenamiento militar, así como operaciones conjuntas que, afirmaron, incluyen el bombardeo de una granja civil y ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental.
Los firmantes sostuvieron que no existe evidencia de que esas operaciones hayan reducido sustancialmente el narcotráfico. También afirmaron que las tasas de homicidios han seguido aumentando y cuestionaron los elogios de Trump y Rubio a Noboa.
Los trece miembros del Congreso advirtieron con recurrir a herramientas legislativas si el Departamento de Estado no modifica su política. Entre las medidas plantearon bloquear ventas de armas, suspender la asistencia de seguridad y prohibir el uso de fondos para operaciones militares conjuntas. También propusieron investigar la participación estadounidense en los abusos denunciados y exigir responsabilidades.
“Estados Unidos no puede afirmar de manera creíble que apoya la democracia y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado mientras, al mismo tiempo, amplía su relación de seguridad con un gobierno que está afianzando rápidamente su control autoritario sobre el poder”, sostuvieron.
