Seis alcaldes detenidos en el último año agitan el escenario político rumbo a las seccionales de 2026

Ecuador atraviesa una crisis institucional, con seis alcaldes en funciones detenidos en un solo año, en plena recta final a las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Mientras el Gobierno defiende estas acciones como un golpe a la impunidad y a las “economías criminales”, voces críticas y familiares de al menos cuatro de los procesados denuncian una estrategia de persecución política orquestada desde el poder central para eliminar adversarios electorales.

Los seis alcaldes tras las rejas son Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Vicko Villacís, de Esmeraldas; Darío Macas, de Machala; Ángela Plúa, de Jipijapa; René Castillo, de El Tambo, y José Arroyo, de Pujilí.

Alcalde de Guayaquil

El caso más emblemático es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El personero de la ciudad más poblada del Ecuador enfrenta tres frentes penales y ya cuenta con una sentencia de tres años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, debido a irregularidades en el uso de su grillete electrónico.

Además de su reciente condena, es procesado como autor directo en el caso Triple A por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos (con pedido de pena máxima de 6 años y 8 meses) y en el caso Goleada por presunto lavado de activos.

Su esposa, Fiorella Icaza, ha sido enfática al señalar que esto es una persecución política. “Hoy somos nosotros; mañana podría ser la (familia) tuya”. Por su parte, su abogado Julio César Cueva señaló una “celeridad extraordinaria” y una clara “connotación política” en el trámite de las audiencias.

Alcalde de Esmeraldas

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas y con grandes posibilidades de reelegirse en su cargo en las elecciones de noviembre de 2026, fue detenido en el marco de una investigación que la Fiscalía describe como una “compleja estructura criminal”.

Actualmente Villacís cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga y enfrenta cargos por lavado de activos. Se le acusa de liderar una red que utilizaba “empresas de fachada” y abusaba del derecho mediante acciones de protección contra EP Petroecuador para extraer fondos estatales.

Villacís, del movimiento Revolución Ciudadana, denunció que los informes de la UAFE son “discriminatorios” por su filiación política.

Alcalde de Machala

Darío Macas, alcalde de Machala, fue detenido en julio de 2026 tras investigaciones que inicialmente apuntaban a un presunto peculado en la contratación municipal. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos a enriquecimiento ilícito, señalando un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

Debido a los casos de estos alcaldes, el expresidente Osvaldo Hurtado sostuvo, el 27 de julio de 2026, que estos políticos son blanco de duros ataques porque iban a “ganar las elecciones”. En el caso de Macas, Hurtado cuestionó su proceso señalando que, aunque el alcalde tiene una imputación, “no tiene ninguna condena”. Por ello, indicó que hoy se usa la fuerza pública para “golpear las puertas” de los políticos en lugar de los criminales.

Alcaldesa de Jipijapa

Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, fue detenida en junio de 2026 durante el operativo Digitador, señalada por el Ministro del Interior como la supuesta líder de una red de corrupción.

Actualmente es procesada por delincuencia organizada. La Fiscalía sostiene que bajo el alias de ‘La Jefa’, Plúa encabezaba un entramado para la emisión irregular de licencias y trámites vehiculares, detectando movimientos financieros de USD 2.6 millones no justificados.

Plúa ya había denunciado ser víctima de una “persecución política” en marzo de 2025, cuando su propio concejo municipal intentó removerla del cargo.

Alcaldes de El Tambo y Pujilí

René Castillo, alcalde de El Tambo, es el caso más reciente. El burgomaestre fue detenido el 4 de agosto de 2026 en el operativo Templo del Sol. Se le investiga por presunto peculado derivado de irregularidades en la organización de un concierto por los 33 años de cantonización de este cantón ubicado en la provincia de Cañar.

Se estima un desvío de fondos de aproximadamente USD 50.000. El Ministro del Interior, John Reimberg, calificó la detención como un mensaje contra quienes “creen que siguen en esa impunidad que tenían antes”.

Mientras que el caso de José Arroyo, alcalde de Pujilí, ha generado revuelo nacional no solo por los cargos penales, sino por su traslado a la cárcel de máxima seguridad de mujeres La Roca.

Arroyo enfrenta un proceso por presunto peculado en el denominado caso Ornato Municipal, relacionado con proyectos y contratos ejecutados desde mayo de 2023.

Sin embargo, colectivos LGBTI+ han criticado que Arroyo cambió su sexo a mujer en su cédula de identidad, lo que denuncian como una “instrumentalización de la ley” para obtener beneficios penitenciarios y no ingresar a la cárcel de varones.

Así, en medio de este panorama, donde una docena de alcaldes se encuentran detenidos, unos por persecución política y otros por investigaciones penales, el panorama rumbo a las elecciones seccionales de 2026 se pinta más enrarecido.