Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señala acciones del Gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional
El estudio, publicado en septiembre de 2026, analiza el periodo de Daniel Noboa desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026 y sostiene que las tensiones con la Corte se intensificaron después de decisiones sobre estados de excepción, leyes económicas urgentes y reformas constitucionales.
Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York publicó un informe sobre el ejercicio de facultades extraordinarias durante el Gobierno de Daniel Noboa y las actuaciones posteriores que, de acuerdo con su análisis, estuvieron dirigidas contra la Corte Constitucional. El documento aclara en su apertura que su contenido no pretende reflejar las opiniones institucionales de la Facultad de Derecho de esa universidad.
El análisis comprende el periodo de noviembre de 2023 a junio de 2026. En ese lapso, el reporte contabiliza 28 dictámenes de control constitucional sobre estados de excepción durante la administración de Noboa: 16 constitucionales, 10 parcialmente constitucionales y dos inconstitucionales.
El texto expone que la Corte respaldó medidas extraordinarias cuando cumplían los requisitos constitucionales, pero también estableció límites cuando el Ejecutivo no justificó, entre otros aspectos, la causal de “conflicto armado interno”. Además, dispuso la conformación de una comisión interinstitucional para impulsar mecanismos ordinarios frente a la violencia y el crimen organizado.
Frente a uno de estos pronunciamientos, la Presidencia cuestionó el alcance de la decisión y sostuvo que la Corte no tenía atribuciones para definir ni dirigir las políticas públicas de seguridad y defensa.
El estudio también analiza el uso de proyectos calificados de urgencia económica. Entre mayo de 2025 y marzo de 2026, el Ejecutivo presentó nueve iniciativas bajo este mecanismo, algunas de las cuales incorporaron reformas en seguridad, contratación pública, Función Judicial y régimen de adolescentes infractores.
Entre ellas estuvieron las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública. La primera fue declarada inconstitucional por la forma debido a problemas relacionados con la unidad de materia y el uso del procedimiento de urgencia económica. En el caso de Integridad Pública, la Corte determinó vulneraciones a los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
El reporte también recoge alertas internacionales relacionadas con la actuación de las fuerzas de seguridad. Menciona que el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas expresó preocupación por denuncias que involucraban al menos a 51 víctimas entre 2024 y 2025.
Dentro de ese contexto incluye el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil. La Corte concedió un hábeas corpus instructivo y declaró, en el ámbito constitucional, que fueron víctimas de desaparición forzada después de haber sido privados ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad por patrullas militares. Posteriormente, el secretario jurídico de la Presidencia sostuvo que la Corte se había extralimitado en sus competencias y que su decisión habría afectado actuaciones dentro de un proceso penal en curso.
A partir de agosto de 2025, Rule of Law Lab identifica cinco líneas de actuación contra la Corte: deslegitimación pública; intimidación y señalamiento de magistrados; utilización de procesos penales como mecanismo de represalia; intentos de limitar sus competencias e independencia; y restricciones administrativas a su funcionamiento.
Entre los hechos citados está la marcha encabezada por Noboa el 12 de agosto de 2025, tras la suspensión provisional de disposiciones legales relacionadas con seguridad. Durante esa movilización se exhibieron vallas con nombres y rostros de jueces constitucionales, se retiraron barreras de seguridad alrededor de la sede y se desplegaron vehículos blindados militares.
El informe también registra que la Contraloría inició exámenes sobre las declaraciones patrimoniales de seis jueces de la Corte. Dos concluyeron con informes remitidos a la Fiscalía, que abrió investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito contra Alí Lozada Prado y José Luis Terán. El documento señala que ambos habían sido ponentes en decisiones que invalidaron legislación promovida por el Gobierno, incluidas las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública.
A estos hechos suma la propuesta de Noboa para permitir el juicio político a jueces constitucionales, iniciativas relacionadas con la terminación anticipada de sus mandatos, actuaciones para poner fin al acuerdo que permitía a la Corte utilizar su actual sede y retrasos en desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados al organismo.
En sus recomendaciones, pide al Ejecutivo cumplir las decisiones de la Corte, proteger su independencia institucional, financiera, operativa y de seguridad, y abstenerse de impulsar reformas que sometan a los jueces constitucionales a mecanismos de control político.
Además, recomienda a la Fiscalía no iniciar o mantener investigaciones penales contra magistrados como represalia por el contenido de sus decisiones; a la Contraloría, sustentar sus procedimientos en indicios objetivos y creíbles; y a la Asamblea Nacional, respetar los límites constitucionales de sus facultades de control político.
El reporte plantea que organismos como la CIDH, la OEA y Naciones Unidas mantengan seguimiento sobre las actuaciones que puedan afectar la independencia judicial en Ecuador.
Finalmente, concluye que las cinco líneas documentadas conforman, desde su análisis, una campaña de represalias contra la Corte por el ejercicio de sus funciones de control constitucional. El estudio sostiene que las medidas descritas han buscado desacreditar al organismo, exponer a sus integrantes, ejercer presión mediante investigaciones patrimoniales y penales, limitar sus atribuciones y afectar administrativamente su funcionamiento.
El documento cierra señalando que los estados de excepción deben conservar su carácter excepcional y temporal y que la política de seguridad debe mantenerse sometida a los límites constitucionales.
‼️#URGENTE El informe de Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señala que el gobierno del presidente Daniel Noboa ejecutó acciones contra la Corte Constitucional del Ecuador tras objeciones a decretos de excepción y proyectos de ley de urgencia Show more
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