Relator de la ONU advierte riesgos para los derechos humanos en la cooperación militar entre Ecuador y EE. UU.
Ben Saul cuestiona la falta de transparencia sobre el alcance de las actividades militares estadounidenses en Ecuador y advierte que la cooperación en seguridad debe respetar las obligaciones internacionales relacionadas con el derecho a la vida.
Ben Saul, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtió sobre posibles riesgos para los derechos humanos derivados de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos.
Saul cuestiona que Washington no haya explicado la naturaleza de sus actividades militares en Ecuador ni las normas o acuerdos bilaterales que las regulan. También sostiene que la cooperación internacional en materia de seguridad no puede desconocer las obligaciones relacionadas con el derecho a la vida.
El Relator también se refiere al Decreto Ejecutivo 424 de 2026, que otorga inmunidad a fuerzas extranjeras que participen en “conflictos armados”, sujeto a acuerdos internacionales. Además, menciona un acuerdo de 2023 sobre el estatuto de las fuerzas entre Ecuador y Estados Unidos que no habría sido publicado.
Saul advierte que esos acuerdos no pueden impedir investigaciones, procesos ni reparaciones cuando existan posibles violaciones al derecho internacional. También sostiene que otros Estados deben abstenerse de brindar apoyo logístico, inteligencia, armas o municiones a fuerzas ecuatorianas cuando esos recursos sean utilizados en vulneración del derecho a la vida.
En marzo de 2026, el Ejército de Estados Unidos apoyó “operaciones cinéticas letales” de fuerzas ecuatorianas contra organizaciones designadas como terroristas. Saul menciona específicamente la operación “Exterminio Total”, desarrollada en la comunidad de San Martín, cerca de la frontera con Colombia.
Sobre esa operación, el Relator recoge señalamientos por posibles vulneraciones al derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas uso de fuerza potencialmente letal fuera de un conflicto armado, destrucción de propiedad y detenciones arbitrarias.
Saul también aborda los casos de las embarcaciones ecuatorianas Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca. En el caso de Fiorella, señala que ocho de sus diez tripulantes desaparecieron. Respecto de las otras dos embarcaciones, indica que sus tripulaciones habrían sido detenidas y maltratadas por presuntas fuerzas estadounidenses, entregadas a autoridades salvadoreñas y posteriormente devueltas a Ecuador.
Además, menciona que un fiscal ecuatoriano que investigaba la desaparición de las tres embarcaciones fue presuntamente asesinado por un agresor desconocido el 14 de junio de 2026.
De manera general, Saul sostiene que el combate al narcotráfico no habilita por sí mismo el uso militar de la fuerza y que las operaciones deben ajustarse a las normas internacionales sobre derecho a la vida, uso de la fuerza y actuación en el mar.
