Priscila Schettini afirma que “este país no tiene justicia imparcial”
La integrante de Acción Jurídica Popular denunció irregularidades en la detención de Luisa González y cuestionó los argumentos utilizados para dictar su prisión preventiva. También sostuvo que los jueces enfrentan presiones para resolver contra opositores políticos.
Priscila Schettini afirmó que “este país no tiene justicia imparcial” y sostuvo que el sistema judicial está controlado por el Gobierno y las autoridades de control. Al referirse al caso Laberinto y al hábeas corpus presentado a favor de Luisa González, denunció vulneraciones al debido proceso y un trato desigual contra la excandidata presidencial.
“Todos podemos ser investigados sin ningún problema, pero que lo hagan de acuerdo a la ley, respetando nuestros derechos”, dijo. Schettini sostuvo que los jueces enfrentan el riesgo de investigaciones, destituciones y ataques mediáticos si sus decisiones contradicen al poder político.
La integrante de Acción Jurídica Popular explicó que presentaron un amicus curiae para respaldar el hábeas corpus que busca la libertad de González. Destacó que la acción fue impulsada por representantes de Revolución Ciudadana, el Partido Socialista y Unidad Popular, y valoró la participación conjunta de estas organizaciones.
Schettini cuestionó la competencia de los jueces que autorizaron el allanamiento y la detención de González y que posteriormente dictaron su prisión preventiva. Sostuvo que González y Andrés Arauz son voceros de oposición desde mayo de 2024 y que, por esa condición, les corresponde fuero de Corte Provincial conforme al artículo 388 del Código de la Democracia.
A su criterio, la investigación debía estar a cargo de un fiscal provincial y las decisiones debían ser adoptadas por jueces de Corte Provincial. Afirmó que la intervención de jueces sin esa competencia vuelve nulas las actuaciones y constituye uno de los principales argumentos para exigir la libertad de González.
Schettini también cuestionó que la excandidata permaneciera durante varias horas en el Cuartel Modelo de Guayaquil después de su detención. Citó los artículos 203 y 77 de la Constitución para sostener que los cuarteles policiales no están autorizados para mantener civiles privados de libertad.
Además, rechazó el argumento que, afirmó, utilizó el juez Navarrete para considerar admisible esa permanencia mientras se aseguraba la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos. Schettini sostuvo que esa interpretación introduce una excepción que no contempla la norma.
La integrante de Acción Jurídica Popular afirmó que, durante la audiencia de hábeas corpus, la delegada de la Procuraduría reconoció el fuero de González y la irregularidad de su permanencia en una instalación policial, aunque justificó esta última por su carácter temporal. “Solo ha sido media ilegalidad”, cuestionó Schettini al rechazar esa explicación.
Sobre la suspensión del hábeas corpus, dijo que los jueces solicitaron el expediente y documentación relacionada con las órdenes de detención y las boletas. Al momento de sus declaraciones, afirmó que todavía no existía una nueva fecha para reinstalar la audiencia.
Schettini también cuestionó la valoración de los arraigos familiares de González. Explicó que la excandidata presentó su condición de madre soltera y cabeza de hogar, el cuidado de su hijo menor de edad y la dependencia de sus padres, quienes tienen problemas de salud.
Afirmó que el juez utilizó una autorización escolar para que otras personas retiraran al hijo de González como argumento para concluir que existían alternativas para su cuidado. Schettini rechazó esa interpretación y sostuvo que autorizar a un familiar para retirar a un estudiante no significa transferirle la representación legal ni la responsabilidad de crianza.
También cuestionó que se considerara la participación de González en campañas electorales para evaluar la necesidad de cuidar a su hijo. Schettini calificó ese razonamiento como machista y sostuvo que castiga a una mujer por participar en política.
La integrante de Acción Jurídica Popular rechazó, además, que se invoquen las dificultades de control fronterizo o las actuaciones de terceros para justificar un riesgo de fuga. Afirmó que las salidas de González del país corresponden a un periodo de dieciocho años y que la excandidata regresó incluso después de los allanamientos y las investigaciones en su contra.
Schettini cuestionó los elementos que vincularían directamente a González con el caso Laberinto. “¿Dónde están los chats? ¿Dónde están las transferencias económicas a alguna cuenta de ella?”, preguntó. Sostuvo que la acusación se apoya en un supuesto beneficio derivado de actuaciones de terceros y denunció una campaña gubernamental para presentarla como culpable.
Schettini relacionó estas actuaciones con lo que, afirmó, vivieron ella y su esposo, el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión. Denunció investigaciones reservadas e interceptaciones de comunicaciones y sostuvo que el juez Merchán, quien intervino en la detención de González, también autorizó actuaciones investigativas contra su entorno. Añadió que un expediente de esa investigación se perdió y no ha aparecido.
Finalmente, cuestionó la rapidez de las actuaciones contra opositores frente a otros casos que, a su criterio, no avanzan con la misma celeridad. Mencionó Progen y una denuncia contra el alcalde de Naranjal, y contrastó esas actuaciones con la inseguridad, los secuestros, las desapariciones y los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos.
Schettini llamó a acompañar el proceso de González y a exigir respeto a sus derechos. “No peleamos por nada más, sino que se respete el debido proceso”, sostuvo.
