Pleno de la Asamblea aprueba informe sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos
El Pleno respaldó el documento con 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención. El expediente será remitido a Fiscalía, UAFE y Contraloría.
La Asamblea Nacional aprobó este martes 27 de octubre el informe de fiscalización sobre presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de autoridades seccionales. La resolución obtuvo 83 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención.
El documento de la Comisión de Gobiernos Autónomos comprende 251 expedientes individuales de alcaldes, prefectos, subrogantes y reemplazos temporales. El análisis clasificó 41 expedientes en alerta roja, 54 en naranja, 90 en verde y 66 sin alerta o sujetos a comprobación de registros.
Según las conclusiones de la comisión, los 95 expedientes en rojo y naranja presentan situaciones como variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial, investigaciones penales o incumplimientos de declaraciones tributarias.
El informe plantea remitir esos expedientes a los organismos competentes para que evalúen las investigaciones correspondientes. También solicita análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), exámenes especiales a la Contraloría y verificaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para los 90 expedientes en alerta verde, el documento establece controles preventivos de la Contraloría y notificaciones a los servidores públicos para que puedan aclarar o subsanar inconsistencias. Esta categoría no será remitida a Fiscalía ni a la UAFE.
La clasificación constituye un mecanismo de alertas y no una determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El documento contempla que sean públicos la metodología, las cifras agregadas, las conclusiones y las recomendaciones. El anexo que relaciona las claves de los expedientes con las identidades de las autoridades mantendrá su carácter reservado y será entregado únicamente a las instituciones competentes.
