Organizaciones sociales llaman a la unidad y a la movilización pacífica frente al Gobierno de Noboa
Los colectivos denuncian el uso de instituciones contra opositores y exigen respuestas sobre seguridad, crisis energética y gestión económica.
Organizaciones sociales llamaron a la unidad de los sectores de oposición para ejercer el derecho a la resistencia y a la movilización pacífica frente a lo que califican como autoritarismo del Gobierno de Daniel Noboa.
Los colectivos acusaron al Ejecutivo de utilizar las instituciones del Estado para atemorizar y silenciar a las voces críticas. También expresaron preocupación por una posible intensificación de estas prácticas para limitar la capacidad de movilización y su expresión en las urnas.
Entre sus cuestionamientos constan el congelamiento de cuentas bancarias mediante informes reservados de la UAFE, el bloqueo de contrataciones de gobiernos locales opositores y el uso de glosas para presionar políticamente a funcionarios y exfuncionarios.
Las organizaciones también denunciaron la utilización de la Fiscalía y otras instituciones de justicia contra dirigentes políticos, así como una supuesta intervención del Ejecutivo en el concurso para elegir fiscal general.
En seguridad, exigieron al Gobierno rendir cuentas sobre las políticas aplicadas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Sostuvieron que la violencia y la inseguridad continúan en niveles preocupantes.
Los colectivos reclamaron soluciones de corto, mediano y largo plazo para la crisis energética. Afirmaron que el déficit estructural de generación no se resuelve restringiendo el consumo del sector productivo y cuestionaron sus efectos sobre la economía.
Además, pidieron cambiar el rumbo económico y criticaron la política de consolidación fiscal vinculada al FMI. Defendieron la creación de empleo adecuado mediante políticas públicas planificadas y de largo plazo.
Las organizaciones exigieron respetar los mandatos expresados en las urnas sobre arbitraje internacional entre inversionistas y el Estado, bases militares extranjeras y minería en territorios ambientalmente sensibles.
Finalmente, rechazaron lo que consideran persecución judicial contra la disidencia y reclamaron libertad para quienes califican como presos políticos.
