Mishel Mancheno justifica la fiscalización de la Asamblea a alcaldías y prefecturas porque administran recursos públicos
La presidenta de la Asamblea sostuvo que el Legislativo puede solicitar información y remitirla a las instituciones competentes. Negó que estos procesos constituyan persecución política.

Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, defendió las fiscalizaciones a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con el argumento de que administran recursos públicos. Sostuvo que el Legislativo puede solicitar información sobre su utilización y trasladarla a las autoridades competentes.
“Absolutamente todo lo que maneje recursos de los ecuatorianos nosotros podemos fiscalizar o pedir información como Asamblea y enviar a las autoridades competentes”, afirmó.
Mancheno respondió así a los cuestionamientos sobre las competencias de la Asamblea frente a la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD y las atribuciones de los concejos municipales para fiscalizar a los alcaldes.
La titular del Legislativo aclaró que la Asamblea no está llevando juicios políticos contra alcaldes ni obligándolos a comparecer. También negó que esté solicitando a los concejales la destitución de autoridades municipales.
“Pero sí solicitamos información, al ser recursos de los ecuatorianos que ellos están utilizando”, dijo. Explicó que las comisiones deberán respetar el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y remitir la documentación a las instituciones correspondientes, de ser el caso.
Mancheno afirmó que existen cerca de siete fiscalizaciones relacionadas con la gestión de Quito. Entre los asuntos mencionó la compra de camiones de basura de Emaseo y el tema de las canteras. También se refirió a una revisión relacionada con la Prefectura de Pichincha.
Ante los cuestionamientos sobre una supuesta persecución política desde el Legislativo, sostuvo: “Pedir información y enviar a las autoridades competentes no es persecución política”.
Respecto al informe de la Comisión de GAD sobre el patrimonio de autoridades locales, Mancheno afirmó que la revisión se concentró en incrementos patrimoniales injustificados. Al ser consultada sobre los alcaldes de Naranjal y Vinces, diferenció ese análisis de las investigaciones por lavado de activos y sostuvo que corresponde a la Fiscalía desarrollar los procesos respectivos.
Sobre la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), defendió el límite de 90 días para las ausencias temporales de autoridades locales y afirmó que la normativa no es retroactiva.
“Las autoridades tienen que estar presentes en el territorio en el cual fueron electos”, dijo. También respaldó la causal de remoción por paralización injustificada de obras.
En cuanto a la Ley Antimafias, Mancheno defendió el endurecimiento de las penas y la acumulación de condenas hasta 60 años. Sostuvo que el proyecto busca sancionar a toda la estructura de las organizaciones criminales, incluidos quienes transporten armas, recluten personas, alerten sobre operativos o faciliten bienes para actividades delictivas.
La presidenta de la Asamblea también destacó las disposiciones sobre desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado. Respecto a las sanciones para abogados y contadores, afirmó que se dirigen a quienes utilicen sus conocimientos para facilitar delitos y que no implican prohibir el ejercicio de la defensa.
Sobre la licencia del presidente Daniel Noboa para participar en la campaña electoral, Mancheno confirmó que su aprobación estaba prevista para la jornada. En su caso, dijo que todavía no había decidido si solicitaría una licencia sin remuneración, debido a asuntos administrativos pendientes.
Finalmente, sostuvo que el respaldo legislativo depende de las decisiones de cada asambleísta y del diálogo sobre los proyectos. Reconoció que las elecciones podrían modificar el panorama político y afirmó que la Asamblea continuará con su agenda tras el receso.


