Defensa de Luisa González cuestiona negativa del habeas corpus y denuncia hostigamiento en prisión

Diego Guarderas, abogado de Luisa González, cuestionó la decisión del tribunal que negó el habeas corpus y sostuvo que no se valoraron las pruebas presentadas por la defensa sobre la vigencia de su vocería en Revolución Ciudadana y el fuero que, a su criterio, le corresponde.

El abogado afirmó que presentó el recurso de apelación inmediatamente durante la audiencia. Explicó que lo fundamentará en los próximos días y que deberá resolverlo la Corte Nacional de Justicia.

Guarderas sostuvo que el tribunal utilizó la suspensión de Revolución Ciudadana como argumento para descartar el fuero de Corte Provincial que la defensa reclama para González.

El abogado cuestionó esa conclusión y afirmó que en el proceso se presentó una certificación del 25 de octubre de 2026, emitida por la secretaria del movimiento, Melissa Zambrano, que ratificaba que González continuaba como vocera de la organización.

“Esa prueba no la tomó en cuenta el tribunal”, dijo. Añadió que la suspensión del movimiento no implica su extinción ni la suspensión de los derechos de quienes ejercen su vocería.

Guarderas sostuvo que, por esa condición, un juez de Corte Provincial debía emitir la orden de detención y sustanciar la formulación de cargos. El tribunal, en cambio, determinó que la orden de privación de libertad fue emitida por una autoridad competente y que no era ilegal, arbitraria ni ilegítima.

El defensor también cuestionó la motivación de la prisión preventiva. Denunció que el juez utilizó estereotipos de género al responder a los argumentos relacionados con el cuidado del padre y del hijo de González, y sostuvo que no fundamentó su decisión sobre las medidas cautelares alternativas solicitadas.

Además del recurso contra la negativa del habeas corpus, Guarderas afirmó que está pendiente la apelación de la prisión preventiva por la vía ordinaria. Explicó que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberá fijar la audiencia para resolverla.

Sobre las condiciones de reclusión en Riobamba, el abogado denunció dificultades para mantener una comunicación continua con González. Afirmó que ella no puede utilizar las cabinas telefónicas, pese a que se han consignado los valores correspondientes, por lo que el contacto con su defensa se mantiene de forma presencial.

Guarderas también denunció que González le relató que una guía penitenciaria la hostiga apuntándole con una linterna mientras duerme y que policías ubicados en las garitas la fotografían constantemente.

El abogado afirmó que estos hechos ya fueron comunicados a la dirección del centro y anunció que presentará un escrito ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Respecto al contacto familiar, sostuvo que la defensa solicitó visitas, pero recibió como respuesta que estaban suspendidas a escala nacional. Cuestionó esa restricción por considerar que afecta los vínculos familiares de las personas privadas de libertad.

Guarderas afirmó que González se encuentra anímicamente bien, aunque atraviesa una situación compleja y dolorosa por la separación de su familia. También reiteró su denuncia de persecución política y sostuvo que la defensa continuará presentando recursos y elementos de descargo para buscar su libertad.