Liliana Durán denuncia que el oficialismo reemplaza textos debatidos en comisiones al momento de votar las leyes
La asambleísta de Revolución Ciudadana cuestionó la exclusión de disposiciones para regularizar asentamientos en las reformas al Cootad. También criticó el límite de 90 días para las ausencias temporales de autoridades y las causales de remoción por obras paralizadas.
Liliana Durán, asambleísta de Revolución Ciudadana, denunció que textos trabajados durante los debates y comparecencias en las comisiones de la Asamblea son reemplazados, al momento de la votación, por propuestas presentadas por legisladores del oficialismo.
Durán citó como ejemplo las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobadas el viernes 6 de noviembre. Según la legisladora, el texto sometido a votación excluyó propuestas vinculadas con el artículo 596 y otras disposiciones sobre expropiación especial para regularizar asentamientos.
La asambleísta afirmó que estas iniciativas buscaban frenar el tráfico de tierras y calcular el precio justo de los predios al inicio de la posesión. Añadió que la justificación permaneció en la página 173 de la exposición de motivos, pese a que los artículos fueron retirados.
“La gente va con la confianza de que han sido tomados en cuenta los textos trabajados y a la hora del té sencillamente pasa todo lo contrario”, sostuvo Durán.
La legisladora también cuestionó el artículo 92.1, que, conforme a su explicación, convierte una ausencia temporal en definitiva al cumplirse 90 días, sin una decisión previa del órgano legislativo local. Añadió que el trabajo telemático no interrumpe ese plazo y cuestionó que la disposición pueda aplicarse incluso ante ausencias por motivos de salud.
Durán afirmó que esta regla desconoce las circunstancias de cada caso y reduce la capacidad de decisión de concejos municipales y otros cuerpos colegiados. A su criterio, abre una vía para separar a autoridades sin analizar previamente las razones de su ausencia.
La asambleísta criticó además la causal de remoción por omisiones injustificadas relacionadas con obras paralizadas, suspendidas o inconclusas. Sostuvo que una administración puede recibir proyectos detenidos por litigios con contratistas, falta de recursos o dificultades técnicas, por lo que consideró necesario determinar las responsabilidades antes de plantear una destitución.
Sobre la jornada semanal de 40 horas para concejales, Durán afirmó que sus funciones comprenden legislar, fiscalizar y trabajar en territorio. Cuestionó que el cumplimiento de horarios pueda utilizarse para hostigar a representantes de oposición.
Respecto de la venta directa de bienes municipales de dominio privado a arrendatarios y posesionarios de buena fe, la legisladora reconoció que puede facilitar la regularización de la tenencia. Sin embargo, sostuvo que la selección de beneficiarios y la valoración de los bienes necesitan reglas y controles para evitar decisiones discrecionales.
Durán expresó una preocupación similar sobre las reducciones o exoneraciones de la contribución especial de mejoras. Afirmó que, sin parámetros claros ni compensaciones, estas medidas podrían afectar los ingresos y la autonomía presupuestaria de los gobiernos locales.
La legisladora vinculó sus cuestionamientos con una denuncia de concentración del poder y bloqueo a las iniciativas de oposición en la Asamblea. “El control es necesario, pero bajo reglas claras y justas, no bajo leyes que abran la puerta a la intervención política”, sostuvo.
