Human Rights Watch pide investigar posibles abusos en operaciones marítimas de Estados Unidos cerca de Ecuador
La organización documentó la interceptación y destrucción de ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas entre finales de agosto y septiembre de 2026. También recogió denuncias de tripulantes sobre golpes, amenazas y detenciones sin explicaciones.
Human Rights Watch (HRW) expresó preocupación por las operaciones marítimas ejecutadas por fuerzas de Estados Unidos cerca de Ecuador y pidió a ambos gobiernos revelar la base legal y las normas utilizadas para interceptar y destruir embarcaciones, además de investigar posibles abusos contra sus tripulantes.
La organización documentó ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas interceptadas y destruidas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. Más de 140 de sus 160 tripulantes fueron detenidos durante los operativos.
Las fuerzas estadounidenses sostuvieron que las embarcaciones funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a operaciones de tráfico de drogas vinculadas a Los Choneros. Sin embargo, HRW señaló que no pudo determinar si alguna cumplía esa función y afirmó que ni Ecuador ni Estados Unidos habían revelado evidencias que vincularan individualmente a los tripulantes con algún delito.
HRW entrevistó a 27 personas, entre ellas capitanes, tripulantes, familiares y abogados, y revisó fotografías, videos, informes de la Policía Judicial, actas judiciales y documentación oficial. Varios pescadores relataron haber sido golpeados, amenazados, vendados y obligados a permanecer durante horas sin poder moverse. Otros aseguraron que fueron presionados para firmar documentos que no entendían o para reconocer que transportaban combustible destinado a actividades ilícitas.
Uno de los casos documentados corresponde a la embarcación Los Tres Hermanos, interceptada el 28 de agosto. Sus tripulantes afirmaron que fueron inmovilizados y trasladados al USS San Antonio, donde fueron interrogados. Posteriormente, regresaron a embarcaciones de apoyo mientras la nave principal fue destruida.
La organización también revisó procesos judiciales abiertos en Ecuador. El 5 de septiembre, un juez de Manta declaró ilegal la detención de 28 tripulantes y ordenó su liberación sin cargos. Cinco días después, una jueza en San Cristóbal, Galápagos, dispuso la liberación de otros 28.
Otros 90 tripulantes fueron acusados en Ecuador por asociación ilícita. Parte de ellos debe presentarse periódicamente ante autoridades judiciales y tiene prohibida la salida del país mientras continúan los procesos.
HRW señaló además que informes de la Policía Judicial relacionados con 74 tripulantes no identificaban drogas, combustible, carga u otras evidencias que respaldaran las acusaciones de tráfico de combustible o asociación ilícita. La organización pidió que las interceptaciones y detenciones realizadas en el mar cuenten con una base legal y estén sujetas a control judicial.
“Ecuador y Estados Unidos deben revelar la base legal de estas operaciones, aclarar los criterios utilizados para interceptar y destruir embarcaciones y establecer salvaguardias sólidas para prevenir nuevos abusos”, sostuvo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
