HRW afirma que militares de EE. UU. no inspeccionaron embarcaciones en presencia de sus tripulantes
Juanita Goebertus sostuvo que los detenidos permanecieron inmóviles, con bridas de plástico y los ojos y oídos cubiertos durante la mayor parte de su detención.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que los tripulantes de embarcaciones ecuatorianas interceptadas y posteriormente destruidas por Estados Unidos no presenciaron las inspecciones de sus barcos. La organización recogió estos testimonios mediante entrevistas con tripulantes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Goebertus explicó que los militares estadounidenses no anunciaron previamente la interceptación ni explicaron sus motivos. Añadió que incautaron matrículas de personal marítimo, algunos celulares y documentos de identificación.
La directora sostuvo que varias personas entrevistadas denunciaron golpes con puños y patadas durante las interceptaciones. También relató que los detenidos permanecieron con los ojos y oídos cubiertos la mayor parte del tiempo, sujetos con bridas de plástico muy apretadas y obligados a estar sentados, inmóviles y en silencio.
De los 160 tripulantes incluidos en los casos documentados, 142 estuvieron detenidos en el buque estadounidense USS San Antonio durante periodos de entre dos y siete días. Los otros 18 fueron dejados en lanchas de apoyo y posteriormente rescatados por la Armada, explicó.
Goebertus afirmó que HRW no ha podido determinar si los tripulantes participaban en el suministro de combustible a redes del narcotráfico, como alegan las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. Sostuvo que corresponde a esas autoridades demostrarlo y que, hasta el momento de sus declaraciones, ninguno de los dos países había presentado evidencia de esa vinculación.
Sobre los procesos en Ecuador, informó que 146 tripulantes fueron presentados ante las autoridades y 14 no lo fueron. De los primeros, 56 quedaron libres sin cargos porque los jueces consideraron ilegal su aprehensión y no encontraron evidencia de un delito; los otros 90 enfrentan cargos por asociación ilícita, afirmó.
La representante de HRW cuestionó la destrucción de las embarcaciones y sostuvo que deberían haberse realizado inspecciones judiciales para recolectar pruebas. Advirtió que su destrucción podría eliminar elementos necesarios para los procesos penales.
Además, denunció intimidaciones para obtener confesiones sobre el supuesto transporte de combustible, mediante amenazas de encarcelamiento o de acciones contra las familias. HRW pidió a Ecuador y Estados Unidos presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones e investigar los presuntos abusos.
