Gabriela Molina cuestiona informe sobre la supresión de juzgados anticorrupción
La Comisión de Justicia fue convocada para tratar el documento este jueves 8 de octubre, a las 19:05. La asambleísta sostiene que se elaboró sin comparecencias ni la información que había solicitado.
La asambleísta Gabriela Molina cuestionó el informe de investigación sobre la Resolución 187-2026 del Consejo de la Judicatura, que suprimió dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado. Afirmó que el documento está listo sin que se hayan realizado comparecencias, analizado documentación o requerido la información que solicitó.
Molina sostuvo que una resolución administrativa eliminó una disposición legal y señaló que el Código Orgánico Integral Penal establece competencias para que jueces anticorrupción tramiten determinados delitos. También calificó lo ocurrido como “una burla más para el país”.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado fue convocada a una sesión virtual para este jueves 8 de octubre, a las 19:05, con el objetivo de conocer y resolver sobre el informe. La convocatoria, emitida el 7 de octubre por disposición de su presidenta, Rosa Torres, incluye ese único punto en el orden del día.
En las conclusiones del documento compartido por Molina consta que la Judicatura remitió el 29 de septiembre el expediente que sustentó la resolución. El informe sostiene que la reorganización no establece expresamente la eliminación de la competencia especializada y que mantiene la asignación de asuntos de corrupción y crimen organizado a las dependencias y jueces correspondientes, con alcance nacional.
El texto también señala que las judicaturas que reciben las competencias son preexistentes y que, por ello, no necesariamente existe una afectación a la garantía del juez natural. Añade que determinadas causas con audiencias instaladas o diferidas continuarían a cargo de los jueces que las venían tramitando.
Además, el informe sostiene que la decisión estuvo precedida por informes técnicos y un criterio jurídico de distintas áreas de la Judicatura. Precisa que la comisión no puede emitir un pronunciamiento jurisdiccional vinculante sobre la constitucionalidad de la resolución, pues esa determinación corresponde a los órganos competentes.
El Consejo de la Judicatura aprobó el 7 de septiembre de 2026 la Resolución 187-2026, mediante la cual suprimió dependencias especializadas en corrupción y crimen organizado y modificó competencias de dependencias penales de Pichincha.
El 17 de septiembre, el Pleno de la Asamblea encargó la fiscalización a la Comisión de Justicia con 85 votos a favor. La mesa debía revisar los documentos, informes técnicos y el procedimiento que sustentaron la decisión, y presentar sus conclusiones al Pleno.
La comisión avocó conocimiento e inició el proceso el 24 de septiembre. En esa sesión se planteó solicitar el expediente completo, el acta y las grabaciones de la sesión de la Judicatura, así como las comparecencias de sus autoridades y de expertos en materia constitucional.
