Fernanda Racines rechaza un «linchamiento mediático» tras los allanamientos al Municipio de Quito

La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, rechazó lo que calificó como una operación mediática tras los allanamientos de la Fiscalía en dependencias municipales. En una rueda de prensa acompañada por concejales, defendió la continuidad de la gestión y pidió que las investigaciones respeten el debido proceso.

«Aquí no hay ni habrá tolerancia con la corrupción, pero tampoco con la pretensión de dictar sentencia a través de titulares de prensa», expresó.

Racines cuestionó la difusión de denuncias, videos y conversaciones que, según sostuvo, se presentan de manera parcial, sin conocer toda la evidencia. Afirmó que existe una diferencia entre buscar justicia y fabricar culpables, así como entre exigir transparencia y utilizar las instituciones para alimentar la polarización.

La vicealcaldesa aseguró que el alcalde Pabel Muñoz no está involucrado en ninguna denuncia presentada ni en un proceso de investigación relacionado con estos hechos.

También indicó que, al conocer la presencia de la Fiscalía en las oficinas municipales, solicitó que se brindaran todas las facilidades para cumplir la diligencia.

«Las puertas de este municipio están abiertas y no hay nada que ocultar», dijo.

Racines afirmó que respetan el trabajo de la justicia, pero exigió que las actuaciones se desarrollen conforme a derecho y que no se utilicen como herramientas para atacar adversarios políticos.

«Quito necesita obras, Quito necesita seguridad y, por supuesto, necesita una gestión. No necesitamos distracciones, no necesitamos un intento por frenar el trabajo de la capital», expresó.

La Fiscalía ejecutó allanamientos el miércoles 21 de octubre en oficinas del Municipio de Quito y otros inmuebles, dentro de una investigación por presunto peculado relacionada con dos contratos de 2024 que superan los USD 4 millones.

El concejal Michael Aulestia vinculó el operativo con una denuncia que presentó la semana anterior. Aclaró que esta no está dirigida contra Muñoz, sino contra funcionarios que trabajan en su despacho, y pidió que sean separados de la corporación municipal mientras se desarrolla la investigación.