Familias de presos de El Encuentro denuncian un año de incomunicación y piden investigaciones por torturas
Los firmantes solicitan publicar los nombres y las causas de muerte de los fallecidos, además del ingreso de organismos independientes para verificar las condiciones de detención.
Familiares de personas recluidas en la cárcel de El Encuentro exigieron restablecer las visitas y la comunicación libre y confidencial con sus abogados. En un pronunciamiento fechado el 10 de noviembre de 2026, afirmaron que llevan un año sin ver a sus allegados y que desconocen sus condiciones de salud.
Las familias sostuvieron que quienes lograron salir del centro les han relatado falta de alimentos, días sin agua, enfermedades sin tratamiento y torturas físicas y psicológicas. También aseguraron que al menos cinco personas han muerto durante ese período y denunciaron la ausencia de cifras oficiales.
Ante estas denuncias, pidieron investigaciones independientes sobre cada fallecimiento y cada señalamiento de tortura. Solicitaron el ingreso inmediato de la Defensoría del Pueblo, organismos de derechos humanos y representantes de la Iglesia, así como alimentación adecuada, agua potable, medicinas y atención médica suficiente.
Los firmantes responsabilizaron al Estado por la vida, la salud y la integridad de las personas bajo su custodia. Además, rechazaron las expresiones que atribuyeron al ministro Reimberg sobre la falta de rehabilitación social de los reclusos y sostuvieron que en el centro permanecen tanto personas sentenciadas como otras sin sentencia.
A la Asamblea Nacional y a su Comisión de Garantías Constitucionales les solicitaron fiscalizar los contratos de provisión de alimentos, agua e insumos, comprobar su entrega y verificar las condiciones de detención. También instaron a la Corte Constitucional a resolver una acción pública de inconstitucionalidad contra la prohibición de visitas que, de acuerdo con el documento, ya fue sorteada y tiene juez sustanciador.
El pronunciamiento pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas cautelares para proteger a las más de 600 personas que, según las familias, permanecen en el centro. Al Comité contra la Tortura y al relator especial sobre la Tortura de la ONU les solicitaron dirigir llamados urgentes al Estado ecuatoriano y gestionar una visita a la cárcel.
