Familia de José Serrano denuncia falta de pruebas y vulneraciones a su defensa tras llamamiento a juicio
Los familiares del exministro cuestionaron la acusación en el caso Magnicidio FV y afirmaron que no aparece en ninguno de los más de 55.000 chats del expediente.
La familia de José Ricardo Serrano Salgado rechazó su llamamiento a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Denunció vulneraciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, y cuestionó los elementos presentados por la fiscal Ana Hidalgo para sustentar la acusación.
Los familiares afirmaron que el Gobierno y sus principales funcionarios habían difundido una condena pública contra Serrano desde 2025, antes de la decisión judicial. También acusaron al Ejecutivo de impulsar esa narrativa mediante publicidad financiada con recursos públicos.
La familia sostuvo que la Fiscalía no ha precisado qué hizo Serrano, cómo habría participado en el crimen ni con quién habría coordinado. Cuestionó la ausencia de comunicaciones y de un móvil que respalde la acusación. “Entre más de 55.000 chats, José Serrano no aparece ni en un mensaje, ni en una llamada, ni siquiera como contacto”, afirmó.
Los familiares denunciaron, además, que Serrano permanece incomunicado en la cárcel de El Encuentro y que las restricciones impiden mantener la confidencialidad necesaria con su defensa legal, de cara a la etapa de juicio.
La familia también cuestionó que el proceso avance contra Serrano junto con integrantes de Los Lobos, mientras el juzgamiento de otros procesados queda suspendido por encontrarse fuera del país. Entre ellos mencionó a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, a quien identificó como responsable del asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro.
Los familiares defendieron la gestión de Serrano como ministro del Interior y afirmaron que combatió a Los Lobos y entregó a sus cabecillas a la justicia. Sostuvieron que esos dirigentes fueron posteriormente liberados o se fugaron durante los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
La familia rechazó que Serrano conservara el poder político necesario para ejecutar la operación que le atribuye la Fiscalía, nueve años después de haber sido ministro. Aseguró que testimonios de policías desmintieron esa posibilidad y afirmó que salió del país en 2021, después de que le retiraran su seguridad. Añadió que en 2023 no pudo regresar para asumir su candidatura presidencial por falta de garantías para su vida.
Los familiares acusaron a la Fiscalía de omitir otras líneas de investigación, incluidas las recogidas en un informe de minoría de la Asamblea Nacional. Cuestionaron por qué Villavicencio no tuvo seguridad reforzada, por qué salió en una camioneta sin blindaje el día del crimen y cómo murieron bajo custodia estatal el sicario detenido en flagrancia y otros seis detenidos.
La familia exigió que se investiguen las actuaciones y omisiones de los funcionarios que dirigían la Policía, el SNAI y los servicios de inteligencia cuando ocurrió el asesinato. También cuestionó la independencia judicial y sostuvo que el proceso contra Serrano busca mantenerlo silenciado.
