Fabián Calero denuncia ante organismos internacionales vulneraciones a su defensa en el caso Progen
El exgerente general subrogante de Celec EP pidió la intervención de organismos de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos. Alega persecución penal selectiva, afectaciones a su derecho de defensa y trato desigual dentro del proceso.
Fabián Mauricio Calero Freire, exgerente general subrogante de Celec EP, presentó este 25 de septiembre una denuncia pública dirigida a organismos internacionales por lo que considera vulneraciones a sus derechos humanos y a su defensa dentro del denominado caso Apagón o Progen.
En el documento, Calero sostiene que su única actuación administrativa relacionada con las contrataciones de emergencia fue una resolución emitida el 10 de junio de 2024, mediante la cual delegó la ejecución de los procesos a las unidades de negocio de Celec EP, bajo responsabilidad de sus autoridades.
Afirma que esa resolución no estableció proveedores específicos ni autorizó la compra de determinados equipos. También sostiene que las decisiones de las fases precontractual y contractual correspondieron a los gerentes de las unidades de negocio.
Calero cuestiona que la Fiscalía no le haya permitido rendir su versión por medios telemáticos y asegura que ha solicitado esa modalidad en cinco ocasiones. Señala que otros procesados y comparecientes sí han intervenido de manera virtual, por lo que considera que existe un trato desigual y que la exigencia de su presencia física busca forzar su retorno a Ecuador.
También cuestiona la prisión preventiva dictada en su contra y sostiene que salió del país por amenazas contra su vida. En el escrito afirma que el 18 de marzo de 2026 denunció amenazas de muerte y que posteriormente perdió su condición dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
Entre otros puntos, denuncia un supuesto doble juzgamiento administrativo, una imputación que considera atípica, afectaciones a la presunción de inocencia y falta de garantías para que jueces revisen su situación sin exponerse a represalias.
Calero también sostiene que existe una persecución selectiva y cuestiona que autoridades que participaron políticamente en el sector eléctrico durante el periodo de las contrataciones no hayan sido investigadas, mientras funcionarios técnicos y operativos enfrentan procesos penales.
En su solicitud, pide que se permita su comparecencia por medios telemáticos, que organismos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado den seguimiento al caso y que organizaciones internacionales de derechos humanos observen el desarrollo del proceso.
Además, solicita que el Estado se abstenga de presentar públicamente como culpables a personas que no tengan una sentencia firme.
Calero concluye que no busca evadir a la justicia y que está dispuesto a colaborar mediante los mecanismos legales disponibles, incluida la comparecencia telemática, siempre que se garantice su vida, integridad y derecho a la defensa.
