Diego Guarderas denuncia irregularidades en el proceso contra Luisa González y cuestiona la prisión preventiva
El defensor de la excandidata criticó los elementos utilizados por la Fiscalía, alegó falta de competencia de los jueces y denunció que no recibía información sobre su traslado.
Diego Guarderas, abogado de Luisa González, cuestionó la prisión preventiva dictada contra la excandidata presidencial dentro del caso Laberinto. En una entrevista con Fernando del Rincón, sostuvo que la defensa presentó fundamentos para evitar esa medida y denunció una persecución política desde el Gobierno nacional.
El abogado afirmó que existen investigaciones paralelas relacionadas con el financiamiento de la campaña de 2023. Según su explicación, el proceso que posteriormente se denominó Laberinto comenzó a partir de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre las cuentas electorales, en la que se determinó un faltante de USD 6.400.
Guarderas aseguró que esa investigación se inició por concusión y que, durante al menos un mes, no pudo revisar el expediente mientras permanecía en consulta en el departamento jurídico de la Fiscalía.
El defensor cuestionó también las conversaciones utilizadas en la investigación. Sostuvo que el supuesto financiamiento debe acreditarse mediante elementos técnicos y que todavía no se ha determinado técnicamente entre quiénes se produjeron esos intercambios.
«El famoso financiamiento tiene que ser probado a través de medios técnicos, no con simples afirmaciones contenidas en conversaciones telefónicas», expresó.
Sobre la participación de González, Guarderas argumentó que el Código de la Democracia contempla un responsable específico del manejo de los fondos de campaña y que esa función no correspondía a la candidata.
El abogado también cuestionó el alcance de los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Afirmó que son orientativos para una investigación y que no constituyen informes periciales concluyentes. Además, criticó las diferencias entre las cifras mencionadas en el caso.
Guarderas denunció una actuación selectiva de la justicia. Aseguró que las autoridades electorales encontraron inconsistencias por USD 408.061,81 en las cuentas de campaña de ADN y que, por esos valores, no existe una investigación previa ni una denuncia del organismo electoral.
El defensor vinculó sus cuestionamientos con la difusión de contenido gubernamental sobre el caso. «¿Con qué independencia van a resolver los jueces? ¿Con qué objetividad va a actuar la Fiscalía?», preguntó.
También sostuvo que los jueces que ordenaron la detención y dirigieron la audiencia de formulación de cargos carecían de competencia. Argumentó que Andrés Arauz, incluido en el pedido de detención, consta como vocero de la Revolución Ciudadana y que esa condición otorga fuero de Corte Provincial. Afirmó que este planteamiento fue presentado en la audiencia y no fue acogido.
Respecto al traslado de González, Guarderas aseguró que el juez aceptó su pedido de mantenerla en un centro de detención en Quito, cerca de su familia. Sin embargo, durante la entrevista dijo que recibía información sobre un traslado hacia Riobamba a través de militantes y periodistas.
«No nos están avisando a dónde la están trasladando», denunció. Añadió que no pudo entrevistarse presencialmente con su defendida para preparar la defensa y que ella conoció los cargos media hora antes de la audiencia.
González fue detenida la madrugada del 22 de octubre en Manabí. El 23 de octubre, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos. La Fiscalía investiga el origen de aproximadamente USD 500.000 que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023.
