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Cristian Benavides afirma que se reservaron nombres del informe patrimonial para evitar una «salvajada preelectoral»

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos sostuvo que las 95 alertas remitidas para investigación no constituyen una sentencia.

Redacción de Ecuadorinmediato
Comisión de Gobiernos Autónomos

El asambleísta independiente Cristian Benavides afirmó que la Comisión de Gobiernos Autónomos decidió identificar mediante códigos los expedientes sobre presuntas inconsistencias patrimoniales de autoridades locales para evitar su utilización electoral.


«No hemos puesto nombres y apellidos, porque no hemos querido que se exponga y esto se convierta en una salvajada preelectoral», dijo el presidente de la comisión.


Benavides explicó que el análisis comprendió 251 expedientes: 41 fueron clasificados en alerta roja, 54 en naranja, 90 en verde y 66 sin alertas. Sostuvo que la clasificación se elaboró con información entregada por Fiscalía, Contraloría, UAFE, SRI y otras entidades.


Según su explicación, el nivel rojo reúne alertas de varias instituciones, mientras que el naranja concentra menos observaciones. Los expedientes verdes pueden incluir inconsistencias subsanables y requieren revisiones dentro de la planificación ordinaria de la Contraloría.


El legislador afirmó que esa institución aportó 44 alertas directas e información reservada sobre informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con enriquecimiento ilícito.

«Lo que pedimos es que se haga una investigación ya más profunda de estas 95 alertas, que no son una sentencia», sostuvo.


Benavides defendió que la Asamblea examine los patrimonios de servidores públicos de los GAD, aunque diferenció ese análisis de la fiscalización de obras o contrataciones municipales. También reconoció que votó a favor de solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo ante las denuncias de supuestos cobros a funcionarios del Municipio de Quito.


Sobre posibles reformas, anunció un paquete de cambios al COOTAD para ampliar las capacidades fiscalizadoras de los concejos municipales y establecer que sus integrantes trabajen 40 horas semanales.

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