CONAES cuestiona el presupuesto universitario de 2027 y reporta reducciones en 18 instituciones

Antonella García, vocera de la Coordinadora Nacional Estudiantil (CONAES), afirmó que 18 de las 31 universidades públicas tendrían una reducción presupuestaria para 2027. Según su comparación con los datos que presenta el Gobierno, la disminución sería menor al 1%. García sostuvo que las universidades del Carchi y Bolívar están entre las más afectadas.

La dirigente estudiantil cuestionó la forma de comparar las cifras. Explicó que el Gobierno contrasta la planificación de 2026 con la de 2027, mientras que la CONAES compara el presupuesto codificado de 2026 —los recursos disponibles durante ese año— con el monto presupuestado para 2027. Con esta última metodología, dijo, también se observa una reducción en universidades como la de Cuenca y la Amawtay Wasi.

Durante la entrevista se mencionó que la proforma asigna USD 1.652,7 millones a universidades y escuelas politécnicas, frente a USD 1.523,48 millones del presupuesto inicial de 2026. García cuestionó que el aumento global represente más recursos para cada institución y sostuvo que la cifra también incorpora rubros de educación inicial y el proyecto de una residencia universitaria.

Sobre la Amawtay Wasi, García afirmó que, al comparar el presupuesto codificado de 2026 con el previsto para 2027, existe una reducción de USD 2 millones. Explicó que la asignación inicial de 2026 fue de USD 12 millones, pero que durante la ejecución se redujo aproximadamente USD 5 millones. Por eso, dijo, comparar el monto ejecutado con la nueva asignación puede mostrar un incremento aparente.

García también cuestionó que los recursos destinados a gratuidad y funcionamiento permanezcan estancados desde hace tres años. Afirmó que, con la inflación, esos montos ya no permiten cubrir las mismas necesidades. La CONAES pidió a la Asamblea que se expliquen los parámetros de la fórmula de asignación, los saldos y los créditos aplicados a las universidades, y que se incrementen los recursos para gratuidad y funcionamiento.

Otro de los cuestionamientos de la vocera se dirige a las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). García expresó preocupación por una disposición que plantea que las organizaciones estudiantiles sean apartidistas y que contempla sanciones si no lo son. A su criterio, esa norma podría permitir sancionar a estudiantes por organizarse o participar en protestas, dependiendo de cómo la interpreten las autoridades universitarias.

La CONAES pidió que se archiven las propuestas de reforma y que se mantenga la LOES vigente. García afirmó que el país necesita un plan integral de educación a largo plazo y reclamó que exista diálogo entre el Gobierno, los rectores y los estudiantes para definir las necesidades de las universidades. También mencionó entre las preocupaciones estudiantiles la subida de pasajes, la atención en salud, los efectos del fenómeno de El Niño y los problemas de energía que, dijo, afectaron a universidades como la ESPOL.

Sobre el programa Jóvenes en Acción, García sostuvo que el bono no garantiza empleo formal ni a largo plazo. También cuestionó que las tareas asignadas a algunos participantes no estén relacionadas con su formación profesional. Como alternativa, planteó que el programa vincule a los jóvenes con puestos afines a sus estudios, que les permitan adquirir experiencia laboral.

La vocera informó que la CONAES se sumará a una movilización convocada para el domingo 15 de noviembre, en conmemoración de las Cruces sobre el Agua de 1922. La organización aún no había definido la hora ni el punto de partida en Quito.