Comunidad estudiantil de la EPN cuestiona contrato MSP-CNT-Dedalus por más de USD 240 millones
La comunidad estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional planteó observaciones sobre el costo, las garantías contractuales, la situación de la filial de Dedalus en Ecuador y el manejo de la información clínica.
La comunidad estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) cuestionó la adjudicación del contrato MSP-CNT-Dedalus, por más de USD 240 millones, destinado a la implementación de una plataforma nacional de información y atención digital en salud.
En un comunicado difundido el 10 de septiembre, los estudiantes señalaron que Dedalus no figura entre los seis proveedores evaluados por Gartner en su Cuadrante Mágico de junio de 2026 para historia clínica electrónica empresarial. Con base en ese documento, cuestionaron la afirmación del presidente Daniel Noboa de que se incorporará al país “el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo”.
Otro de los puntos expuestos se refiere al valor del contrato. La comunidad estudiantil indicó que la propuesta presentada por Dedalus por el software fue de aproximadamente USD 117 millones más IVA, mientras que la oferta de CNT al Ministerio de Salud superó los USD 240 millones. Según el comunicado, la diferencia corresponde a infraestructura, conectividad e integración.
También cuestionaron que el contrato se haya suscrito sin garantía de fiel cumplimiento ni de buen uso del anticipo. El documento menciona una disposición transitoria del Decreto 461, que establece que estas garantías no son exigibles en determinados contratos vinculados a telecomunicaciones.
La comunidad estudiantil añadió que Dedalus Global Services Ecuador S.A. se encuentra en proceso de disolución desde marzo de 2026 y planteó interrogantes sobre el almacenamiento y administración de la información clínica bajo el modelo contratado.
Entre sus observaciones también consta que la interconexión de 1.742 centros de salud corresponde a una meta contractual cuyo plazo de ejecución se extiende hasta 2033.
Finalmente, los estudiantes aclararon que no se oponen a la digitalización de la salud pública, sino a la forma en que se realizó esta contratación, y respaldaron la fiscalización dispuesta por la Asamblea Nacional sobre el proceso.
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