CEDENMA cuestiona reapertura del catastro minero y advierte impactos ambientales
La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) rechazó la reapertura del catastro minero y cuestionó que esta política forme parte de las metas acordadas con el FMI para atraer inversiones al sector.
CEDENMA expresó su rechazo a la reapertura del catastro minero y sostuvo que la medida prioriza la expansión de la actividad extractiva sin una evaluación equivalente de sus efectos sobre el agua, la biodiversidad, el clima y otras actividades productivas.
La organización cuestionó que, dentro del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la regulación para abrir el catastro haya sido establecida como una meta estructural. También señaló que el nuevo régimen fiscal minero contó con asistencia técnica del organismo y que se planteó reducir impuestos durante la etapa de exploración para aumentar los incentivos al sector.
Como parte de sus argumentos, CEDENMA comparó las exportaciones registradas entre enero y julio de 2026: camarón, banano y cacao generaron en conjunto aproximadamente USD 9.701 millones, frente a USD 3.179,5 millonescorrespondientes a productos mineros. La organización sostiene que una expansión minera debe considerar posibles efectos sobre actividades que dependen del agua, los suelos y los ecosistemas.
También recordó que en febrero de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía reconoció contaminación en los ríos Calera y Amarillo, en El Oro, con concentraciones de cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro por encima de los límites máximos permitidos.
CEDENMA cuestionó además el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado contemplado en el acuerdo comercial con Canadá. Señaló que, tomando como referencia varios litigios vinculados con industrias extractivas, las obligaciones indemnizatorias para Ecuador alcanzarían aproximadamente USD 2.080 millones, sin incluir todos los costos de defensa, intereses y gastos procesales.
La organización pidió que cualquier nueva fase de apertura del catastro minero esté precedida por una evaluación ambiental, estratégica y económica que considere impactos sobre agua, biodiversidad, agricultura, acuacultura, emisiones y finanzas públicas, además de transparentar la superposición de áreas mineras con cuencas, ecosistemas, territorios indígenas y zonas productivas.
