CDH e INREDH alertan sobre afectaciones a derechos políticos antes de las elecciones
Las organizaciones presentaron un informe sobre decisiones que, a su juicio, afectan a autoridades y candidaturas de oposición. Solicitaron a la CIDH convocar una mesa de trabajo antes del 29 de noviembre.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentaron un informe sobre derechos de participación política, asociación y oposición durante el gobierno de Daniel Noboa. Las organizaciones sostienen que varias decisiones estatales han restringido opciones electorales y afectan el ejercicio de derechos políticos de sectores opositores.
El documento revisa los casos de los alcaldes Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Cristian Zamora, de Cuenca; y Pabel Muñoz, de Quito, además de decisiones sobre candidaturas y organizaciones políticas. El informe sostiene que sus situaciones son distintas, pero afirma que enfrentan procesos penales, electorales o administrativos en un contexto de proximidad a las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
Sobre Álvarez, el informe vincula su detención y prisión preventiva en el caso Goleada con la imposibilidad de ejercer el cargo y buscar la reelección. Respecto de Zamora, menciona la suspensión de sus derechos de participación por seis meses, que coincide con el periodo de inscripción de candidaturas y la jornada electoral. En el caso de Muñoz, afirma que su candidatura continúa en disputa mientras enfrenta investigaciones y procesos de fiscalización.
CDH e INREDH también cuestionan la suspensión provisional de Revolución Ciudadana y del movimiento AMIGO, así como decisiones que, según el informe, dejaron fuera de la contienda a varias candidaturas. Las organizaciones plantean que la acumulación de medidas podría afectar el pluralismo político y el derecho de los votantes a escoger entre distintas opciones.
El informe aclara que no considera que toda investigación, auditoría o fiscalización constituya persecución política. Sin embargo, sostiene que la simultaneidad de procesos, su cercanía con el calendario electoral y la falta de garantías en ciertos casos justifican un análisis sobre una posible desviación de poder.
Como parte de sus pedidos, las organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocar antes del 29 de noviembre a una mesa de trabajo con el Estado ecuatoriano y organizaciones de derechos humanos. También pidieron que el informe sea considerado para el capítulo IV del Informe Anual 2026 de la CIDH y que se dé seguimiento particular al caso del alcalde de Quito.
