Benavides anuncia que el listado de 95 alcaldes y prefectos con alertas patrimoniales se conocerá el próximo martes, si el Pleno lo autoriza
Los nombres podrán hacerse públicos, mientras los datos personales y la información reservada serán entregados íntegramente a los organismos de control.
Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, anunció que el próximo martes prevé presentar ante el Pleno el informe sobre presuntas inconsistencias patrimoniales de alcaldes y prefectos. La publicación del listado de nombres dependerá de la autorización de los legisladores.
Benavides explicó que el documento permanece codificado y que la comisión decidió someterlo primero al conocimiento del Pleno. Añadió que mantendrán bajo reserva la información personal de las autoridades, como el detalle de sus bienes y propiedades, así como los datos de investigaciones previas.
El informe fue aprobado por la comisión el viernes 9 de octubre, con siete votos a favor y tres en contra. La fiscalización analizó 251 expedientes e identificó 95 autoridades con alertas: 41 en categoría roja y 54 en naranja. La mesa recomendó remitir estos casos a los organismos de control para una investigación más profunda.
El legislador explicó que la clasificación combina información de la Contraloría, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico y denuncias ciudadanas. Según dijo, la acumulación de observaciones de distintas entidades determina el nivel de alerta asignado a cada caso.
Benavides sostuvo que el objetivo es que los organismos competentes verifiquen posibles casos de testaferrismo, concusión, enriquecimiento ilícito y otros delitos que pudieran derivarse de la revisión.
Ante la pregunta sobre si mantener parte de la información en reserva limita la transparencia, el asambleísta reconoció ese riesgo, pero afirmó que la documentación recibida tiene carácter reservado. Sostuvo que divulgar datos de investigaciones penales podría afectar su desarrollo y que los expedientes serán entregados íntegramente a las autoridades de control.
Entre las recomendaciones del informe constan solicitar análisis financieros y rastreo de activos a la UAFE, exámenes especiales a la Contraloría y verificaciones patrimoniales al SRI. También se plantea que Fiscalía, Contraloría y UAFE informen a la Asamblea, en un plazo de 15 días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos relacionados con las autoridades incluidas en el documento.
