Asociación Americana de Juristas exige la libertad de Luisa González y denuncia exclusión electoral
La organización cuestionó la prisión preventiva y puso los hechos en conocimiento de organismos internacionales de derechos humanos.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la libertad inmediata de Luisa González y el cese de lo que considera una persecución judicial contra la oposición política en Ecuador. En una declaración fechada el 25 de octubre de 2026, calificó de arbitraria su detención y cuestionó la prisión preventiva dictada dentro del caso Laberinto.
La organización sostuvo que no existe un riesgo procesal que justifique la medida. Argumentó que González permaneció a disposición de la justicia desde el allanamiento de enero, informó sobre sus viajes internacionales, regresó al país y fue detenida en su domicilio.
«Sin riesgo procesal, la medida opera como pena anticipada», afirmó la AAJ. La asociación invocó la Constitución ecuatoriana y la jurisprudencia interamericana para sostener que la prisión preventiva debe ser excepcional y responder a un riesgo concreto de fuga u obstaculización.
La declaración también denuncia un «patrón de proscripción» de la oposición. La AAJ vinculó la detención con la suspensión de la Revolución Ciudadana, el adelanto de las elecciones, las cancelaciones de Construye y Unidad Popular, esta última revertida judicialmente, y la suspensión del movimiento AMIGO.
Además, mencionó el rechazo de la candidatura de González y el allanamiento del Municipio de Quito. Según la organización, estas actuaciones forman parte de una secuencia que afecta la participación política.
La AAJ denunció el uso de la prisión preventiva y de investigaciones sin sentencia como instrumentos de exclusión electoral. También sostuvo que un régimen de excepción no justifica suspender los derechos políticos ni las garantías judiciales indispensables para protegerlos.
La asociación puso los hechos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Asimismo, llamó a las misiones de observación electoral a evaluar las condiciones de competencia de los comicios del 29 de noviembre.
El pronunciamiento está suscrito por Claudia V. Rocca, presidenta de la AAJ Continental, y Vanessa Ramos, secretaria general.
González fue detenida el 22 de octubre en Manabí. Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto. La Fiscalía investiga el origen de aproximadamente USD 500.000 destinados presuntamente a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023.
