Asamblea aprueba la Ley Antimafias con 85 votos y contempla acumulación de penas de hasta 60 años

Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre de 2026 el proyecto de Ley Antimafias con 85 votos a favor y 61 en contra. La iniciativa recibió el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras los legisladores de Revolución Ciudadana rechazaron la propuesta.

El proyecto contiene 39 artículos reformatorios, cinco disposiciones transitorias y una final. Contempla modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Uno de los cambios establece un régimen excepcional para acumular penas de hasta 60 años cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, cuya suma de penas individuales supere los 40 años. En esos casos, la acumulación podrá alcanzar el doble de la pena más grave, sin superar los 60 años. Para los demás casos se mantiene el máximo de 40 años.

El texto incorpora la colaboración externa para sancionar a quienes, sin integrar directamente una organización criminal, aporten conscientemente conocimientos, información, dinero u otros recursos para facilitar sus actividades ilícitas. Las penas previstas van de 10 a 13 años y aumentan de 19 a 22 años cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos de especial gravedad.

La propuesta aclara que prestar servicios profesionales legítimos o ejercer la defensa técnica no constituye, por sí solo, colaboración externa. Para aplicar esa figura deberá demostrarse que la asistencia fue proporcionada con conocimiento de su finalidad ilícita.

Otra disposición introduce la pertenencia funcional, que comprende tareas como vigilancia, control de accesos, comunicaciones, movilización de recursos, abastecimiento y protección de rutas. El proyecto contempla sanciones de 13 a 16 años y de 22 a 26 años cuando la organización esté vinculada con delitos graves.

El texto precisa que los vínculos familiares, afectivos, vecinales, laborales, profesionales o comerciales con integrantes de una organización criminal no bastan para configurar pertenencia funcional. La Fiscalía deberá demostrar una integración consciente y estable o reiterada a la estructura.

El proyecto también contempla penas de 10 a 13 años para quienes recluten, incorporen o entrenen a personas adultas para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales. La sanción aumenta de 13 a 16 años cuando se aprovechen relaciones de autoridad, cuidado, confianza o subordinación.

La propuesta incluye sanciones de 10 a 13 años para quienes faciliten inmuebles, vehículos u otros recursos con conocimiento de que serán utilizados para sostener operaciones criminales. El rango aumenta de 13 a 16 años cuando esos medios sirvan para almacenar armas, explosivos, drogas, maquinaria para minería ilegal o bienes ilícitos, o para mantener personas retenidas contra su voluntad.

En delincuencia organizada, el proyecto contempla penas de 22 a 26 años para quienes constituyan o integren estas estructuras, y de 26 a 30 años para dirigentes y financistas permanentes o reiterados. Cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos de especial gravedad, los rangos aumentan de 26 a 30 años para integrantes y de 30 a 34 años para dirigentes y financistas.

La iniciativa incorpora el desplazamiento interno forzado, con penas previstas de siete a diez años, para quienes obliguen a personas o comunidades a abandonar sus hogares o impidan su retorno. Para el confinamiento forzado contempla de cinco a siete años cuando se restrinja la movilidad de dos o más habitantes mediante amenazas, violencia o intimidación.

En hidrocarburos, el texto establece cuatro escalas de sanción, desde uno hasta diez años de prisión, según la cantidad involucrada. Incluye el almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal, así como la sustracción y extracción clandestina.

La propuesta contempla un aumento de un tercio de la pena máxima cuando el tráfico ilegal de combustibles busque financiar o facilitar operaciones del crimen organizado. También establece agravantes por afectaciones a infraestructura o al ambiente y por poner en riesgo la vida de las personas. Para personas jurídicas prevé multas de 500 a 1.000 salarios básicos unificados.

El texto incluye una excepción para el almacenamiento destinado exclusivamente al transporte en territorios de comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias donde no existan mecanismos accesibles de abastecimiento.

En materia de drogas sintéticas y precursores químicos, el proyecto contempla actualizar las sustancias sujetas a fiscalización y controlar productos, equipos e infraestructura utilizados para su fabricación ilícita. También modifica los procedimientos de incautación, análisis, custodia y destrucción.

La iniciativa prevé la inhabilitación de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos, mediante sentencia ejecutoriada. La medida comenzará después de cumplir la condena de prisión y no podrá ser inferior al mínimo de la pena prevista para el delito cometido. El ejercicio legítimo de la defensa y los servicios jurídicos o contables legales quedan excluidos.

El proyecto también incorpora mecanismos de protección de la identidad de jueces que conozcan causas de delincuencia organizada. Según la evaluación de riesgo, podrán restringirse públicamente datos de ubicación, contacto e información biométrica, así como información de familiares amenazados. Las partes procesales conservarán el derecho a conocer la identidad, el cargo y las competencias del juez.

En cooperación eficaz, la propuesta permite reducir condenas a quienes entreguen información verificable y determinante para capturar responsables, recuperar activos o prevenir delitos graves. La pena podrá fijarse desde el 7 % del mínimo previsto, sin ser inferior a un año. El beneficio no se aplicará a condenas por delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.

Sobre los bienes incautados, el texto contempla su asignación provisional a instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro para actividades sociales, educativas, sanitarias y otros fines previstos. También permite la venta anticipada, con autorización judicial, cuando exista riesgo de deterioro, pérdida significativa de valor o costos de conservación desproporcionados.

El dinero obtenido permanecerá depositado y sujeto al resultado judicial. Si se ordena su devolución, el propietario recibirá el monto y los rendimientos financieros generados, descontados los gastos justificados de custodia y conservación.

El proyecto aprobado será remitido al presidente de la República para el trámite constitucional correspondiente.