Andrés Arauz anuncia una acción constitucional para pedir la libertad de Luisa González
Arauz cuestionó la competencia del juez que ordenó la detención y pidió acompañamiento internacional para la audiencia.
Andrés Arauz anunció que presentará una acción constitucional para solicitar la libertad inmediata de Luisa González, quien recibió prisión preventiva dentro del caso Laberinto. En una publicación en X, sostuvo que la orden de detención es nula porque fue emitida por un juez que, a su criterio, carecía de competencia.
Arauz afirmó que la fiscal y el juez omitieron su condición de dirigentes políticos de oposición. Como fundamento, citó el artículo 388 del Código de la Democracia, que contempla fuero de Corte Provincial de Justicia para los representantes y portavoces de la oposición, si no tienen otro especial.
«La orden de detención es nula. Porque, entre otras razones, fue emitida por un juez que no tenía la competencia para ordenar su detención», escribió.
Arauz aseguró que, durante la audiencia de formulación de cargos, el propio juez reconoció que González y él pertenecen al entorno político de oposición, independientemente de la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana, que calificó de ilegal.
La publicación incluye una copia de un memorando del Consejo Nacional Electoral, fechado el 30 de mayo de 2024, en cuyo listado aparecen los nombres de González y Arauz, y un extracto del artículo 388.
Arauz pidió a la comunidad internacional que, una vez presentada la acción constitucional, ingrese escritos de amicus curiae y solicite la presencia de delegados diplomáticos en la audiencia pública. También convocó a defensores de derechos humanos en Ecuador a presentar escritos y asistir.
Además, solicitó que sus simpatizantes pidan a sus gobiernos evaluar sanciones y restricciones de visa para Carlos Alarcón, Mercedes Caicedo e Ivonne Coloma, cuyas designaciones y actuaciones cuestionó.
Arauz también acusó a John Reimberg de vulnerar la reserva de la orden de detención al mencionar públicamente su nombre. Sostuvo que las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo evidencian una intervención política en el proceso.
González fue detenida la madrugada del 22 de octubre en Manabí. El 23 de octubre, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto.
La Fiscalía investiga el origen de aproximadamente USD 500.000 que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023, sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.
