Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnas

Andrés Arauz acusó al presidente Daniel Noboa y a los funcionarios John Reimberg y José Julio Neira de utilizar las investigaciones judiciales para apartar a sus adversarios políticos antes de las elecciones seccionales. En una entrevista con Ecuador en Directo, vinculó la detención de Luisa González con las dificultades que, a su criterio, enfrenta el Gobierno en energía, economía y seguridad.

«Apresar a sus opositores políticos porque no los quieren enfrentar en las urnas. Por lo tanto, los sacan del camino», afirmó.

Arauz mencionó las actuaciones contra Jan Topic, Verónica Abad, Aquiles Alvarez y González como parte de lo que considera una práctica recurrente. Sostuvo que el Gobierno ha cruzado una «línea roja» y aseguró que la atención internacional sobre Ecuador puede contribuir a revertir esa situación.

«Él cometió un error, se fue demasiado lejos y aquí comienza la respuesta contundente internacional y del pueblo ecuatoriano», expresó sobre Noboa.

El excandidato cuestionó que integrantes del Ejecutivo difundan detalles del caso Laberinto. Afirmó que sus declaraciones y videos serán incorporados a las acciones con las que busca sustentar una denuncia de persecución política ante instancias internacionales.

También criticó la entrevista de Noboa con la revista Semana y el video de Neira sobre la investigación. A su criterio, esas intervenciones evidencian una injerencia del poder político en la función judicial.

Arauz acusó a Reimberg de vulnerar la reserva de la orden de detención al mencionar públicamente que lo incluía. Sostuvo que el juez había dispuesto mantener reservados los nombres y las direcciones.

Además, cuestionó la difusión de imágenes del interior de la vivienda de González durante el allanamiento y pidió explicaciones sobre cómo llegaron a los medios.

«No están haciendo la operación para que tenga éxito judicial, sino para que tenga éxito mediático», afirmó.

Sobre las acusaciones contra González y él, Arauz negó que existan chats, transferencias o reuniones que los relacionen con las operaciones investigadas. Según su explicación, el argumento utilizado para vincularlos es haber compartido una tarima con Aquiles Alvarez y Marcela Aguiñaga durante un acto político en Guayaquil.

Aseguró que conocieron el contenido del expediente después de la detención y la prisión preventiva de González, lo que, según denunció, impidió presentar información para contradecir las sospechas antes de esas decisiones.

Arauz anunció que prepara una acción constitucional para solicitar su libertad. Argumentó que ambos tienen fuero de Corte Provincial por su condición de representantes de oposición y cuestionó la competencia de los jueces de primer nivel que intervinieron.

Respecto a su propia situación, aseguró que continuará defendiéndose en libertad desde donde se encuentre. Afirmó que ha viajado periódicamente a Ecuador para cumplir las presentaciones ordenadas dentro del caso Ligados.

«Aquí nadie va a ser ingenuo y decir: “Voy a dejar que me apresen para ver luego cómo defiendo”», expresó. Añadió que permanecer en libertad le permite reunir documentos, coordinar con abogados y trabajar por la excarcelación de González.

Arauz también cuestionó las declaraciones de Reimberg sobre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Sostuvo que su candidatura está en firme y que cuenta con protecciones legales, y calificó las intervenciones del ministro como «bullying político».

En materia económica, acusó al Gobierno de utilizar el caso para desviar la atención de los cortes eléctricos, los problemas de abastecimiento de diésel y la desaceleración que, según él, atraviesa el país. También cuestionó el programa Jóvenes en Acción y afirmó que el Ejecutivo ha incumplido metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Arauz contrastó las investigaciones sobre sus cuentas y las de González con la transparencia patrimonial de Noboa. Aseguró que el mandatario bloqueó el acceso público a su declaración patrimonial y cuestionó el registro del financiamiento de los cartones utilizados en su campaña de 2023.

Finalmente, denunció un supuesto proceso de contratación de software del SRI por USD 1.965 millones que relacionó con Palantir. Cuestionó el monto y afirmó que implicaría concentrar datos personales de distintas instituciones para administrarlos desde el exterior.

González fue detenida el 22 de octubre en Manabí. Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto. La Fiscalía investiga recursos que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral de la campaña de 2023.