Alianza de Derechos Humanos denuncia hostigamiento contra Santiago Rosano y Mauricio Ochoa
Las organizaciones piden protección para el docente y el dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, y rechazan los pedidos de separación y expulsión del profesor.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador denunció una campaña de estigmatización y hostigamiento promovida por autoridades públicas contra el docente Santiago Rosano y Mauricio Ochoa Peñafiel, presidente de la FEUE de la Universidad de Cuenca.
En una alerta emitida el 12 de octubre, las organizaciones vincularon los señalamientos con la protesta realizada durante la visita del presidente Daniel Noboa al campus Balzay, el 7 de octubre. Según el documento, ese día hubo un despliegue de policías y militares dentro y alrededor de los predios universitarios.
La Alianza cuestionó el mensaje publicado el 10 de octubre por la ministra de Educación, Gilda Alcívar, quien pidió a la Universidad adoptar medidas disciplinarias y separar a Rosano. Las organizaciones consideraron que ese pronunciamiento amplificó el hostigamiento contra el profesor.
También rechazaron una publicación del asambleísta de ADN Xavier Ordóñez que invocó causales de deportación. La Alianza interpretó ese mensaje como un pedido de expulsión del docente y denunció un uso discrecional de la normativa migratoria contra voces críticas del Gobierno.
Respecto a Ochoa, las organizaciones afirmaron que fue objeto de ataques en redes sociales y que el gobernador de Azuay le atribuyó motivaciones políticas y electorales. Sostuvieron que estos señalamientos incrementan los riesgos para el dirigente y el profesor.
La Alianza solicitó al Rectorado y al Consejo Universitario un pronunciamiento público, medidas de protección y acompañamiento jurídico y psicosocial. Además, pidió garantizar la estabilidad laboral de Rosano y abstenerse de iniciar procedimientos disciplinarios motivados por presión política.
Las organizaciones también exigieron a la Universidad informar si solicitó o autorizó el ingreso de la fuerza pública al campus Balzay.
El documento pidió a la Presidencia y a la ministra Alcívar cesar la estigmatización y rectificar las publicaciones cuestionadas. A los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores les solicitó abstenerse de iniciar procedimientos migratorios arbitrarios contra Rosano y garantizar el debido proceso.
Finalmente, la Alianza pidió seguimiento a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de la ONU. Responsabilizó al Estado por cualquier hecho que afecte la integridad, seguridad, estabilidad laboral y permanencia en el país del docente, así como los derechos de Ochoa y de la comunidad universitaria.
