Margaret Satterthwaite cuestiona supresión de unidades especializadas contra corrupción y crimen organizado
Advirtió que la reestructuración debe respetar la independencia judicial, el debido proceso y las garantías frente a injerencias arbitrarias.
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados para las Naciones Unidas, expresó su preocupación por la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La resolución del CJ elimina la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, el Tribunal de Garantías Penales Especializado y la Sala Especializada Penal que conocían este tipo de causas. Sus competencias serán trasladadas a dependencias penales de Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha.
Satterthwaite señaló que la unidad especializada ya operaba al 50 % de su capacidad tras la suspensión de tres jueces y cuestionó que la decisión se adopte mientras la Función Judicial se encuentra bajo una declaratoria de emergencia por déficit de magistrados.
También sostuvo que cualquier suspensión, medida disciplinaria o reestructuración que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardas frente a injerencias arbitrarias.
La resolución del Consejo de la Judicatura derogó además las disposiciones de 2021 y 2022 mediante las cuales se crearon las dependencias especializadas ahora suprimidas.
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