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Luisa González defiende sus arraigos y cuestiona a Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto

La Fiscalía ratificó su pedido de prisión preventiva contra la excandidata presidencial, Santiago D. y Wendy O., procesados por presunto lavado de activos.

Redacción de Ecuadorinmediato
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Luisa González defendió sus arraigos familiares y laborales durante la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto. La excandidata presidencial cuestionó los argumentos de la fiscal sobre sus viajes al exterior y afirmó que se defenderá en el país.


La Fiscalía General del Estado ratificó su pedido de prisión preventiva para González, Santiago D. y Wendy O., luego de analizar la documentación presentada por los procesados.


Durante su intervención ante el juez, González acusó a la fiscal de presentar información incompleta al mencionar 60 salidas del país sin precisar que corresponden a un periodo de más de diez años. Sostuvo que ese argumento buscaba desvirtuar los arraigos entregados por su defensa.


González explicó que se desplaza entre Chone y Quito porque su actividad laboral está en el cantón manabita y su hijo estudia en la capital. También expuso que su madre superó un cáncer y que su padre padece una enfermedad renal.


La excandidata recordó que su vivienda fue allanada el 28 de enero y afirmó que, desde entonces, ha viajado al exterior y regresado en todas las ocasiones. Añadió que retornó en abril pese a lo que calificó como una amenaza del ministro del Interior, John Reimberg.


«Me defenderé siempre en derecho y en presencia», expresó. González afirmó que enfrenta alrededor de 19 procesos fiscales, sostuvo que es inocente y se calificó como perseguida política.


González fue arrestada la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026 en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, durante los operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía.


El caso Laberinto investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. La Fiscalía sostiene que se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.


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