Juan Esteban Guarderas denuncia a Pabel Muñoz por presuntos cobros a funcionarios municipales
La denuncia presentada en Fiscalía apunta a supuestos aportes obligatorios para financiar la campaña electoral. La Empresa de Pasajeros rechazó las acusaciones.
Juan Esteban Guarderas, de la Fundación Lucha Anticorrupción, y Pablo Sempértegui presentaron este 19 de octubre una denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros tres funcionarios por presunta concusión y cohecho.
Guarderas afirmó que servidores municipales de libre remoción habrían recibido pedidos de dinero bajo amenazas de despido y mediante rifas obligatorias. Sostuvo que las recaudaciones se realizarían desde julio de 2024 y que los recursos habrían sido destinados a la campaña de reelección del alcalde.
El denunciante aseguró que entregó chats, audios, videos, testimonios e información de cuentas bancarias. También solicitó protección para los testigos, pues afirmó que algunos han recibido amenazas en redes sociales. Sempértegui sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar quién solicitó y recibió los recursos y sus posibles beneficiarios.
La Empresa de Pasajeros de Quito había rechazado el 14 de octubre las acusaciones sobre supuestos cobros indebidos. En su comunicado, afirmó que recibió denuncias contra el entonces funcionario Carlos Israel Murillo Cañizares y que inició indagaciones internas.
La entidad sostuvo que Murillo habría respondido con amenazas contra el gerente general y su equipo. Por ello, indicó que el 27 de julio se presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta intimidación.
La empresa añadió que el 29 de julio recibió información sobre un posible cohecho relacionado con la contratación de seguridad privada. El gerente remitió el caso a Quito Honesto y presentó, el 30 de julio, otra denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos de concusión y cohecho.
La institución afirmó que estos hechos motivaron la separación de Murillo y lo acusó de utilizar portales digitales para desacreditar a su administración. También sostuvo que Guarderas buscó contactar a la administración municipal para “evitar” que se conociera una “información sensible”. El comunicado dejó en manos de la Fiscalía la investigación de los hechos.
