INREDH afirma que Ecuador se encamina hacia una “deriva totalitaria”
La organización cuestionó las restricciones a la participación política, los riesgos para la libertad de expresión y la injerencia que atribuye al Gobierno en las instituciones del Estado.
La Asamblea de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) vinculó la detención de Luisa González con lo que considera un patrón de restricción de garantías democráticas. En un pronunciamiento del 22 de octubre, sostuvo que estas acciones se justifican bajo el argumento de combatir la corrupción y la delincuencia.
La organización rechazó la suspensión y eliminación de partidos y candidaturas, así como las restricciones a sectores de oposición. También cuestionó el adelanto de las elecciones y afirmó que los organismos electorales han sido vulnerables a su utilización por los gobiernos de turno.
En el ámbito social, denunció cierres de cuentas bancarias y dificultades para registrar o renovar las directivas de organizaciones. INREDH considera que estas medidas afectan la libertad de asociación y obstaculizan su funcionamiento.
El documento también alertó sobre amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. La fundación incluyó entre sus preocupaciones el cierre de la edición impresa de Expreso y las denuncias sobre compra de medios por personas vinculadas al Gobierno de Daniel Noboa.
Sobre seguridad, INREDH cuestionó la militarización y sostuvo que no ha sido eficaz para reducir el crimen organizado. Además, denunció desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que, afirmó, han sido documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
La fundación también acusó al Gobierno de intervenir en organismos electorales y judiciales, y denunció presiones sobre la Corte Constitucional. Finalmente, defendió la participación social y política en igualdad de condiciones, sin temor a la represión, las detenciones o las proscripciones por pensar diferente.
