Alianza por los Derechos Humanos denuncia amenazas de personas armadas contra la comunidad de Sinangoe
La organización exige protección para la presidenta Alexandra Narváez, el Consejo de Gobierno y la Guardia Indígena, ante ataques que vincula con la minería ilegal.
ÑLa Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció este 20 de octubre de 2026 que persisten las amenazas contra la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y sus autoridades. La organización afirmó que las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva a los pedidos de protección presentados desde el 12 de octubre.
El pronunciamiento recoge que, después de un recorrido de vigilancia territorial realizado el 9 de octubre para monitorear actividades mineras, personas armadas llegaron a viviendas de algunas familias y amenazaron al Consejo de Gobierno y a la Guardia Indígena.
La comunidad reiteró el 19 de octubre que las intimidaciones continuaban y que personas armadas exigían la devolución de material que había sido destruido.
La Alianza también expresó preocupación por el enfrentamiento entre militares e integrantes de un grupo armado organizado en el sector Las Antenas, en la vía de ingreso a La Sofía, cantón Sucumbíos. La cercanía de estos hechos con el territorio comunitario agrava el riesgo para sus habitantes, sostuvo.
«La comunidad sigue sin protección y garantías efectivas para su autodeterminación», afirmó la organización, que pidió medidas individuales y colectivas para Alexandra Narváez, su familia, las autoridades comunitarias y los habitantes de Sinangoe.
El pedido dirigido al Ministerio del Interior y a la Policía exige que la protección sea coordinada con las autoridades indígenas y respete su autonomía. Al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas les solicitó evaluar el riesgo de violencia armada, habilitar canales de respuesta inmediata y garantizar la movilidad y el acceso a servicios esenciales.
La Alianza reclamó a la Fiscalía y a la Policía investigar las amenazas, identificar a sus responsables y esclarecer sus posibles vínculos con la minería ilegal y estructuras armadas.
El pronunciamiento también recordó la sentencia 273-19-JP/22 de la Corte Constitucional, que reconoce a la Guardia Indígena como parte del ejercicio del derecho propio y la autodeterminación. La organización exigió acciones contra las actividades ilegales y sostuvo que la responsabilidad estatal de garantizar seguridad no puede trasladarse a la comunidad.
