SECCIONES
Edición N° 1597
El ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, anunció que para el próximo año se hará una revisión de los salarios del sector privado para buscar progresivamente su equiparación con el costo de la canasta familiar, pero afirmó que esto no se lo hará “de golpe” sino “en forma técnica, gradual”, con los estudios relacionados a la productividad, competitividad, “y con la situación real de la economía del país”, en cumplimiento de lo que establece la nueva Constitución.
Diego Cano, dirigente de los trabajadores petroleros, aseguró que la decisión de poner en la administración de la estatal a la Marina fue más bien política que técnica y denunció la existencia de irregularidades en la gestión de la institución, como el ingreso de 430 personas a distintos puestos sin una justificación u observaciones a contratos para la explotación de petróleo, en donde se determinaría un perjuicio mensual para el país de 9’086.000 dólares, denuncias que al momento son investigadas por la Contraloría del Estado. Asimismo, Cano denunció un “acoso permanente” y amenazas de despido a dirigentes y trabajadores de la empresa.
En el marco de un plan de reconstrucción vial, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Gobierno entregó 458’356.710,32 dólares como anticipos en 68 contratos suscritos desde diciembre de 2007. Ocho personas naturales y 40 jurídicas se comprometieron a construir y rehabilitar carreteras, puentes y aeropuertos, que representan un egreso de 1.024’169.848,47 dólares para el Estado y plazos de entrega de dos meses a tres años.
El presidente de la Federación Nacional de Cámara de Comercio del Ecuador, Blasco Peñaherrera Solah, rechazó hoy en nombre del gremio la imposición de aranaceles para más de 900 productos de importación al país, al tiempo de sostener sus críticas al régimen, ya que según él la crisis económica que vive nuestro país y que afecta a todos, no ha sido causada por la crisis financiera mundial, sino por el mal manejo de la economía, en su conjunto, que ha realizado el presidente Rafael Correa.
El Decreto Ejecutivo 1406, que deja insubsistente desde el 2009 los recursos destinados a financiar los fondos de jubilación patronal y la cesantía privada de entidades del sector público, genera un rechazo generalizado por parte de los trabajadores. Fernando Gándara, gerente general del Fondo de Cesantía Judicial, plantea que el Presidente de la República haga una reforma “limitando el aporte estatal”.
Representantes de diferentes organizaciones sindicales se concentraron la mañana de este miércoles en los exteriores del Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, con el fin de solicitar al presidente de la República, Rafael Correa, la salida del ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, por no respetar los derechos de la clase sindical.
El ministro de Trabajo y Empleo, Antonio Gagliardo, no entró por la puerta principal del edificio del CREA en donde se cumplió ayer una reunión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Lo hizo por un ingreso lateral porque un grupo del Sindicato de Trabajadores del CREA con pancartas y consignas le exigía el cumplimiento del IV contrato colectivo que está a la espera desde hace 4 meses cuando el tribunal respectivo lo aprobó.
Por considerar que las últimas decisiones de la Asamblea Nacional, que elimina los fondos de jubilación de los empleados públicos, asi como la revisión de los contratos colectivos que suprimió privilegios de los burócratas, son atentatorios a sus derechos, 12 organizaciones sindicales de los empleados del estado ecuatoriano lanzaron hoy un manifiesto creando la Coordinadora de Sindicatos del Sector Público, que convoca a la preparación de una huegla nacional contra el Gobierno de Ecuador.
Con el objetivo de avanzar en el conocimiento de criterios sobre los temas que abarca la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, la Comisión de lo Civil y Penal recibió en comisión general al presidente de la Federación de Notarios del Ecuador, Jorge Machado, quien presentó sus criterios sobre el tema.
Desde octubre, el Ministerio de Trabajo ha revisado 10 de los 120 contratos colectivos del sector público, según lo dispuesto en el Mandato Constituyente 8, con el fin de detectar y eliminar ciertas "prebendas doradas". Herencia de los puestos, bonificaciones y compensaciones extras, permisos sindicales de hasta 40 horas semanales, entre otros, son algunos de los beneficios que tienen un alto costo para el Estado.
Las autoridades municipales han solicitado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que se les conceda a ellos la administración de la vía Mejía-Cruz Verde. El pedido se basa en que consideran que esto es justo, ya que esta carretera es el ingreso a Portoviejo de todos los vehículos que vienen de la zona norte de la provincia y el país.
Los sectores rurales de La Maná año a año se sienten olvidados por sus autoridades, principalmente porque no se ejecuta la rehabilitación de las vías, aspecto que se podría superar si el Municipio destinara recursos para adquirir maquinaria, ya que la presente administración no ha adquirido una sola volqueta.
Mediante resolución de la Dirección Provincial de Salud el centro comercial Paseo Shopping fue sancionado económicamente y deberá cumplir con otros requerimientos para evitar la clausura del área de descarga. Esto fue decidido luego de varias inspecciones realizadas por la comisaría de salud y personal del departamento de ambiente del Municipio que, según un informe, constató la emanación de gases tóxicos y el exceso de ruido que producen los generadores de energía.
Un grupo de enfermeros y enfermeras de la Federación de Pichincha se movilizaron este viernes en Quito para demandar respeto a las jornadas de trabajo de seis horas que tiene este sector, pues señalan que resulta muy sacrificado que se les imponga una jornada de 8 horas por la peligrosidad de la labor que cumplen.
El ministro de Trabajo y Empleo, abogado Antonio Gagliardo Valarezo hizo un llamado a los 102 ex trabajadores de Pinto para que se acerquen al Ministerio de Trabajo a registrar los números de sus cuentas de ahorros o corrientes, para acreditarles los cuatro mil dólares ($ 4 000) correspondientes a la multa impuesta al Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno, Gerente General de la Empresa Pinto S.A., por haber sido separadas injustamente de su lugar de trabajo.
Miércoles, 03 de diciembre de 2008
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