Ecuador Inmediato, El periódico instantáneo del Ecuador.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios de responsabilidad penal por prevaricato en contra de la Abg. Ana Albán, ex Ministra del Ambiente, por haber fallado en perjuicio de la causa pública, y a favor de la compañía Petrobras, al no revocarle la Licencia Ambiental otorgada para el Proyecto de Desarrollo y Producción del Campo Apaika-Nenke del Bloque 31, como lo dispone el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) y resolver el archivo de las No Conformidades Mayores por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (causales de revocatoria) determinadas en el Seguimiento y Monitoreo realizado por el Ministerio del Ambiente.

Adicionalmente, existen indicios de la participación en este delito en contra de los Ings. Roberto Urquizo y Ana María Garzón, Subsecretario de Calidad Ambiental y Directora de Prevención y Control de la Contaminación, respectivamente, quienes en su informe recomendaron el levantamiento y archivo de las No Conformidades Mayores aduciendo la inexistencia de daño ambiental, sin tomar en cuenta que la construcción prevista de la Estación Central de Proceso (CPF) dentro del Parque Nacional Yasuní resultaba un incumplimiento comprobado del Plan de Manejo Ambiental.

Asimismo, como resultado de la Auditoría Ambiental efectuada por la contratista, se determinaron nuevas No Conformidades Mayores que ratificaron el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental.

Posteriormente al archivo de las causales para la revocatoria, la ex Ministra de Ambiente declaró “insubsistente” la Licencia Ambiental para el Campo Apaika-Nenke del Bloque 31, figura inexistente en el TULAS que, en su Libro VI, artículo 28, establece que se podrá revocar la licencia, presentar la excitativa fiscal y ordenar la ejecución de la garantía ambiental otorgada.

Adicionalmente, Petrobrás transgredió cláusulas del Contrato de Participación del Bloque 31 al no haber notificado inmediatamente a Petroecuador ni al Ministerio de Energía y Minas las causales de “Fuerza Mayor” que alega para justificar el incumplimiento del Programa de Exploración Adicional. Además, la causal invocada no se produjo por acto ilegal del Ministerio del Ambiente sino por el incumplimiento de la Contratista al Plan de Manejo Ambiental.

Por ello, Petroecuador debe negar la solicitud de Petrobras de aceptación de las causales de “Fuerza Mayor” y demandar la entrega al Estado de las 185.000 has retenidas por la Compañía para el Programa de Exploración Adicional, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción remitirá el informe de investigación al Dr. Washington Pesantez, Ministro Fiscal General, a fin de que inicie la acción penal correspondiente y al Contralmirante Luis Jaramillo, Presidente Ejecutivo de Petroecuador para que actúe de acuerdo con la ley respecto a la solicitud de Petrobras. Además se remitirá el informe para conocimiento del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República; de la Abg. Marcela Aguiñaga, Ministra del Ambiente, y del Ministro de Minas y Petróleos, Dr. Galo Chiriboga.

Fuente Foto: Autoridades de la empresa Petrobras con Ministro Galo Chiriboga