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Fernando Cordero, ex presidente de la Asamblea Constituyente, defendió el derecho de 28 asambleístas cuestionados por incurrir en supuestas irregularidades en la contratación de sus asesores, a desvirtuar las acusaciones en su contra ante los medios de comunicación y también dentro del debido proceso. De acuerdo con Cordero, no se puede violar la Ley formulando denuncias que todavía no han comprobadas, ni hacer acusaciones que se derivan de observaciones iniciales de Contraloría.

La respuesta del ex presidente de la Asamblea se dio tras una denuncia formulada por el ex militante de Acuerdo PAÍS, Fernando Balda, quien citó, en Ecuavisa, un informe de observaciones que habría realizado, a manera de borrador, la Contraloría del Estado a varios asambleístas por irregularidades en la contratación de sus asesores, en que se determinó una supuesta falsificación de firmas y adulteración de documentos.

Cordero expresó que “no ha sido una coincidencia” que pida que se diriman estos temas una vez concluido el referéndum de la nueva Constitución.

“Se terminó la Asamblea, entró en receso, nosotros no tenemos previsto convocar, en este caso a la Asamblea y las personas involucradas, todas, tienen derechos y los deben exigir”, expresó.

Respecto al informe en el preliminar que hace Contraloría, del que supuestamente se derivan irregularidades, precisó que la entidad de control ha descargado su responsabilidad señalando que el informe se entregó para un trámite.

“Independientemente del informe, y pongamos el peor escenario de que todo lo que la Contraloría ha descubierto como observaciones se convierta en verídico, en el Ecuador está vigente una Constitución y la nueva es mucho más exigente en ese sentido: hay un debido proceso y hay un respeto y hay una presunción de inocencia”, expresó.

Cordero recordó que fue justamente la Asamblea Constituyente la que firmó un convenio con Contraloría para que exista transparencia y no esté impedida de hacer una investigación.

“Lo único que he hecho es ser coherente con lo que pienso, no voy a sacrificar mis principios por ninguna razón: yo creo en la inocencia de las personas hasta que un juez, no cualquier persona lo diga, peor cuando si lo hace a través de los medios públicos, porque ese daño que se acaba de infringir ya se hizo este instante ¿quién lo repara?”, cuestionó.

Al referirse a las irregularidades que habría admitido el ex asambleísta Gilberto Guamangate, quien según versión de El Universo y citada por Carlos Vera, habría firmado por una asesora que se encontraba en el extranjero, Cordero insistió en su posición.

“Eso en una auditoría significa que el auditado, en este caso el asambleísta Guamangate, y como él los 28 adicionales, están presentando un descargo”, acotó.

El ex presidente de la Asamblea fue enfático en señalar que un delito se configura cuando se comprueba que hay apropiación indebida de fondos o cuando el Estado paga indebidamente fondos a un particular.

Acotó además que si se comprueba que se han falsificado firmas se puede aplicar el Código Penal, no obstante persistió en la necesidad de que este trámite lo lleve adelante la Fiscalía, y cuestionó el que hagan acusaciones personales de manera pública, sin que se haya comprobado el daño.

“En este sistema una acusación la debe hacer el fiscal, no puede, en este caso, en un programa, un ciudadano, por respetable que sea, por interesado que esté en cambiar este país, cambiar dañando los procedimientos, si aquí queremos que no haya ciudadanos de primera, de segunda y tercera”, ratificó.

Lamentó así que nombres de asambleístas hayan aparecido en los medios de comunicación convirtiéndolos en “ciudadanos de última”, puesto que, dijo, “les quitaron sus derechos, sin pedirles autorización, sin consultarles”.

Tras exponer estos argumentos, Cordero pidió que se permita a los 28 asambleístas cuestionados, como en el caso concreto de Gilberto Guamangate, que pueden dar su punto de vista en los medios de comunicación.

“En este caso lo que me parece prudente y les inviten a los 28 de la lista que vayan a los medios de comunicación y aclaren porque el daño ya les hicieron. Yo he protegido la posibilidad de que muchas cosas sean desvirtuables ante los auditores, muchas de esas cosas empiezan a hacerse como parte de la campaña”, aseveró en declaraciones concedidas a Ecuavisa.

Puntualizó que no permitir la defensa a una persona es romper la Ley, “ni imputar el carácter de reo a alguien”, más aún cuando todavía no hay sentencia de un juez.

“Creo que en este país para que las cosas cambien, uno tiene que ser responsable. Si el señor Balda quería ser un ciudadano del Nuevo PAIS, un ciudadano nuevo, él debía ir con ese documento, si él creía que otros no hemos ido a la Fiscalía”, concluyó en este tema, refiriéndose a la denuncia de Fernando Balda.

Fuente gráfica: imagen de la Asamblea Constituyente