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El experto petrolero Augusto Tandazo y el presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Pichincha, Gustavo Pinto, mostraron su preocupación por la denuncia de que la estatal Petroecuador, en los ocho meses de la administración de la Marina, ha facilitado la contratación directa de nueve ‘grandes’ proyectos, sin llamar a concurso. Señalan que los malos resultados en la gestión petrolera son producto de la falta de experiencia de la Fuerza Naval en este campo.

Pinto manifestó que su gremio “permanentemente” ha alertado al gobierno y la ciudadanía respecto a que algunas decisiones que se estaban tomando alrededor del tema petrolero “no tenían consecuencia” con una propuesta de cambio en el estilo de manejo de este sector.

No obstante, señaló que ese cambio “no se dio ni en las personas ni en el estilo de manejo”. Esto, porque a su criterio en la administración de Petroecuador y del Ministerio de Minas se colocó “a quienes eran parte, corresponsables de la larga y noche neoliberal”.

Además, “si bien se pusieron a otras personas, se continúa en el estilo de poner a gente que no conoce y que, a través de sus asesores, puede ser fácilmente objeto de errores sus decisiones”, como lo es la Marina, señaló.

“Hemos visto cómo sistemáticamente las acciones y decisiones han estado orientadas a debilitar Petroecuador y a crear las armas, el marco legal que le permita entregar las responsabilidades que tenía Petroecuador al sector privado”, dijo en entrevista para radio Centro.

A las críticas se suma el experto petrolero Augusto Tandazo, quien cuestiona además lo que contiene la propuesta constitucional en esta área. Sostuvo que aunque el gobierno ha dicho “vamos a las empresas públicas”; sin embargo, “a la empresa pública más importante, la convierte en empresa privada”.

Expresó que es el caso del bloque 15, ex Occidental, anteriormente administrado por la Oxy, cuya administración no sólo que fue entregada a Petroamazonas S.A. sino que adicionalmente le entrega el campo Panyacocha, y posiblemente el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini.

Tandazo sostuvo que “la trampa” también consta en la disposición trigésima del proyecto de Constitucional, el cual señala que el Fondo de Solidaridad en el plazo de 360 días “transformará el régimen de empresas públicas al régimen de empresas públicas, las empresas de derecho mercantil que tiene, pero da la casualidad que Petroamazonas no pertenece al Fondo de Solidaridad, entonces se quedará como Sociedad Anónima. ¿Por qué ese doble discurso?”, cuestionó.