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La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos el proceso indagatorio del bombardeo efectuado por Colombia sobre suelo ecuatoriano en marzo. No obstante, de acuerdo con el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), Juan de Dios Parra, hasta el momento, la conducta de la Fiscalía ha sido negligente, lenta e irresponsable, con lo cual se podría llevar a una pérdida del proceso judicial a nivel internacional por reclamo en este caso.

Parra, en declaraciones para el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio, recuerda que la ALDHU ha requerido por tercera vez a la Fiscalía General que lleve adelante una serie de diligencias que ya han sido solicitadas anteriormente pero que todavía no se han desarrollado.

“Hemos pedido que se identifique y que se convoque a prestar declaraciones a autoridades militares de Ecuador, que de acuerdo con informes ecuatorianos, tuvieron conocimiento del suceso durante la madrugada del día primero (de marzo), mantuvieron comunicaciones telefónicas y radiales con los jefes militares colombianos durante todo el día primero y el día dos y permitieron que las tropas colombianas que estaban en territorio ecuatoriano fueran extraídas del Ecuador, a pesar de que ya había conocimiento de la existencia de una serie de delitos graves cometidos por ellos”, señala.

La ALDHU también ha pedido a la Fiscalía que identifique e indague a los oficiales de inteligencia ecuatorianos que procedieron a interrogar de modo indebido, aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes, sancionados por las Naciones Unidas, a las tres sobrevivientes del bombardeo de Angostura. “Queremos saber por qué estos tratos, de estos interrogatorios hostiles para obtener información que en nada beneficia a los intereses del Ecuador si no que iban obviamente dirigidas a favorecer la posición de Colombia”.

“A nosotros lo que nos interesa es probar la existencia de los delitos que hemos planteado, identificar autores, cómplices y encubridores; no nos interesa la nacionalidad de ellos sino su participación en los delitos, para ir desarrollando el esquema de responsabilidades que termina en sanción, explicó Juan de Dios Parra.

Añade que si esta situación persiste más de un año, “nosotros habremos cumplido con los procedimientos internos, se habrá agotado el acceso a la justicia en el Ecuador y podremos llevar el proceso a instancias internacionales”.

Si bien es positivo que la Fiscalía ecuatoriana haya pedido a su par colombiana que se llame a declarar al ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, el secretario general de la ALDHU cuestiona el que la Fiscalía General del Estado ecuatoriano remita toda la responsabilidad del caso a la Fiscalía de Sucumbíos, pese a que se trata de un conjunto de delitos que afectan a la soberanía nacional “en que hay que indagar responsabilidades internas y externas, hay acusaciones muy severas en desarrollo, y por lo tanto, no es pertinente que la Fiscalía General eluda su participación responsable en el adelantamiento de las diligencias fundamentales del caso”.

“Nosotros, durante todo el tiempo, y una vez al mes, estamos insistiendo en nuestras peticiones de diligencia, la mayoría han sido desoídas, una que otra se ha adelantado, pero realizaremos un pronunciamiento pertinente cuando hayan transcurrido los seis primeros meses”, dijo Parra.

Cuestionó el accionar de la Fiscalía: “Nos extraña esta conducta negligente, lenta, excesivamente lenta, irresponsable por parte de quienes tienen la tarea de, en un caso tan grave como el del primero de marzo, utilizar la potestad que el Estado les ha dado, que el país les ha dado para avanzar en dos sentidos: la verdad y la justicia”

Parra señaló finalmente que con todo esto el Ecuador está encaminado a perder la causa por el reclamo ante la justicia internacional, en este caso, y añadió que debe observarse este comportamiento de las autoridades encargadas en el tema como perjudicial al Ecuador