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Según la investigación, se determinó que ejecutivos de la Mutualista Benalcázar conocieron información reservada y de circulación restringida, relativa a cupos de inversión autorizados por el IESS en las instituciones financieras del país. El cupo determinado para invertir en la Mutualista Benalcázar, en el periodo del 26 al 29 de diciembre del 2007, era de 57.333 dólares, bajo la calificación de riesgo de 8, pero por “presiones” de la Mutualista, el 29 de diciembre de 2007, el IESS invirtió 3 millones de dólares.

Al tener información privilegiada, la Mutualista Benalcázar reclamó a la Comisión Técnica de Inversiones del IESS, órganismo autorizado para realizar inversiones, por la disminución en el cupo de inversiones. La Comisión Técnica de Inversiones solicitó a la Dirección Nacional de Riesgos explique las razones por las que se disminuyó el cupo de inversiones a la Mutualista, en beneficio de la entidad financiera.

La Comisión Técnica de Inversiones dispuso que se consideren los parámetros de calificación de riesgos fijados por la empresa Ecuability S.A., publicados por la Superintendencia de Bancos, que informó que dicha entidad tenía una calificación de AA-  para establecer dichos cupos.

También se evidencia que la Comisión Técnica de Inversiones no consideró las recomendaciones que hizo la Dirección Nacional de Riesgo, unidad especializada a la que le compete medir los riesgos de inversión e informar de los mismos al Comité de Riesgos, cuando señaló las deficiencias de la Mutualista Benalcázar como: insuficiencia de capital, rentabilidad deteriorada, entre otras.

La Comisión Anticorrupción determinó indicios de responsabilidad administrativa y civil en contra de los integrantes de la Comisión Técnica de Inversión del IESS, integrada por los economistas Fernando Mosquera y Rubén Ortiz Cajas e Ing. César Campaña Vallejo, presidente y miembros, respectivamente, por autorizar, el 28 de diciembre de 2007, a la Dirección de Inversiones que invierta en la Mutualista Benalcázar, infringiendo disposiciones de la Constitución de la República, la Ley de Seguridad Social y Reglamento Orgánico Funcional del IESS.

Frente a estos hechos, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción remitirá el informe de investigación al Dr. Marco Freire López, Ministro Fiscal Distrital de Pichincha, para que inicie la indagación previa, a fin de que determine los autores, cómplices y encubridores del presunto hecho ilícito denunciado, así como al Contralor General del Estado a fin de que determine las responsabilidades a que hubiere lugar en contra de los miembros de la Comisión Técnica de Inversiones del IESS.