A las empresas que brindan servicios de seguridad privada no les preocupa el anuncio de la Policía Nacional de que a partir de hoy, jueves, iniciará una supervisión más estricta a los guardias e impedirá que éstos se encuentren laborando fuera de los sitios autorizados. Fernando Freire, el presidente de la Federación Nacional de empresas de seguridad integral e investigaciones, manifestó que su sector está de acuerdo con que existan todos los controles necesarios “para que se formalice y se racionalice este tema”, pero subrayó que las leyes y reglamentos vigentes se deben respetar.
Ayer, el comandante de la institución policial, general Jaime Hurtado Vaca, aseguró que los guardias que se encuentren armados y que violen las normas serán detenidos y sus pistolas confiscadas. A la vez, recalcó que la intención es controlar que ellos no se encuentren armados en lugares prohibidos y fuera de sus sitios de trabajo.
“En la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, y ahora el reglamento que la soporta, habla claramente de una vigilancia fija y una vigilancia móvil. Son dos tipos de modalidades que de hecho la Policía debe tomar muy en cuenta para evitar irrespetar la ley y generar comentarios, polémicas o problemas que se puedan dar de aquí a futuro”, dijo Fernando Freire.
Si bien subrayó que la reglamentación dispone “enfáticamente que el guardia deberá portar su arma exclusivamente en el lugar donde se encuentre dando su servicio”, algo en lo que las empresas de guardianía están de acuerdo, lo que le preocupa es la interpretación que se dé a la vigilancia móvil.
En entrevista para radio Sonorama, Freire dijo que esa última modalidad de seguridad se cumple en el caso de la custodia de contenedores, transporte de valores, supervisión en motocicletas y en vehículos, actividades en las que el personal porta armas.
No obstante, el artículo 33 del reglamento creado para la aplicación de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada indica que por cada dos guardias que se encuentren en un punto de vigilancia se dotará solo un arma. Y también se prohíbe portar estos implementos fuera del lugar y horario establecidos en la jornada de trabajo.
La reglamentación fue publicada el 17 de julio en el Registro Oficial 130 y entrará en vigencia en enero del próximo año. Hasta esa fecha las empresas de seguridad podrán registrarse y obtener los permisos de operación otorgados por el Ministerio de Gobierno y Policía, publicó hoy diario “El Telégrafo”.
Según el Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada de la Inspectoría General de la Policía Nacional (Cosp-Igpn), un total de 1 091 empresas de seguridad están registradas para operar legalmente a nivel nacional.