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Conmovedores intervenciones de las asambleístas Mae Montaño, Alexandra Ocles, Laly Caicedo, Juan Montaño, entre otros, caracterizaron el primer debate en el Pleno de la Asamblea, de los textos constitucionales referentes a los Derechos Colectivos y Difusos, Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y de los Grupos de Atención Prioritaria, en la parte correspondiente a: Derechos Colectivos, de los Jóvenes, Movilidad Humana, Derecho al Ambiente Sano y Derechos Culturales, con un total de 21 artículos.

La propuesta es de la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales y la asambleísta Aminta Buenaño, al abrir el debate y defender el articulado, dijo que en el país, somos muchos pueblos, somos muchas nacionalidades, somos muchas complejidades, pero también muchas soluciones.

 

“Somos un país diverso, plurinacional, intercultural, multiétnicos. Somos distintos, somos diferentes, somos diversos en la unidad”, recalcó, añadiendo que están los indios, los negros, los montubios, los cholos, los mestizos, los blanco-mestizos, todos están. 

 

“Ninguno es inferior o superior, solo somos distintos y esas diferencias son nuestra fortaleza. En esta diferencia radica nuestra riqueza, porque hay muchas maneras, distintas maneras de ser ecuatorianos”, insistió.

 

Los textos constitucionales determinan mantener y ampliar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Reconocer los derechos colectivos de los pueblos afroecuatoriano y montubio, en lo que les fuere aplicable. Visibilizar y reconocer los derechos de los/as jóvenes.

 

El documento específica que ante el pasado de discriminación histórica a los pueblos indígena y afroecuatoriano, la Mesa 1 intenta dar una respuesta, al reconocer sus derechos colectivos, que ya han sido establecidos en los tratados ratificados por el Estado ecuatoriano.

 

Insiste que el articulado, es producto del consenso y de la decisión de defender los derechos fundamentales de estos sectores desde siempre excluidos, manteniendo un equilibrio con los derechos del resto de la población, sobretodo en temas sensibles como la consulta previa, el manejo del territorio, el agua y el control de los recursos no renovables.

 

Cabe recordar que los debates en la Mesa 1, fueron alimentados con los criterios presentados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, quien vino acompañado de la máxima dirigencia de la CONAIE. Además se contó con la presencia de otros expertos internacionales de países como Colombia, donde de igual forma, se han reconocido constitucionalmente los derechos colectivos y su aplicación práctica ya ha presentado dificultades.

 

Por otro lado, fueron tomados en cuenta los aportes de Boaventura de Sousa do Santos, reconocido pensador contemporáneo, defensor a ultranza de la plurinacionalidad, quien manifestó el riesgo que implica mantener postrados a los pueblos indígenas, frente a las aspiraciones neo colonialistas de los países que, a toda costa, buscan el control y la explotación de los recursos de sus territorios, sin considerar las afectaciones al ambiente y a la relación de esos pueblos con la tierra.

 

En tanto, los y las jóvenes, también exigieron ser visibilizados por la nueva Constitución, pues el mundo adultocéntrico en que vivimos, está cargado de prejuicios en su contra, como la falta de experiencia y preparación, falta de seriedad e incluso de capacidad, por lo cual tienen diversas dificultades, desde encontrar trabajo hasta expresar libremente sus manifestaciones culturales.

 

Con respecto a la movilidad humana se han sentado las bases para el reconocimiento de la ciudadanía universal, al reconocer no solo los derechos de los ecuatorianos/as en el extranjero sino además los derechos de la persona extranjera, refugiada o desplazada y sus familias. De esta forma, estamos enviando un mensaje de solidaridad al mundo, en momentos en que las restricciones y sanciones contra la migración aumentan, en perjuicio de nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero.

 

En cuanto a los derechos difusos, se mantiene el reconocimiento del derecho al ambiente sano pero en equilibrio con el buen vivir. Se incluye el concepto de reparación integral y no reincidencia frente a los daños al ambiente. Se mantienen los estímulos para quienes utilicen tecnologías ambientalmente limpias y de bajo impacto y, se prohíbe la producción, tenencia y uso de armas químicas, biológicas o nucleares, como principales novedades.

 

Además, constituye uno de los derechos fundamentales el exigir y poder contar con bienes y servicios de buena calidad y para alcanzar el respeto a los derechos de los/las consumidores/as el Estado garantizará la información precisa respecto al contenido y características de los productos, la libertad de elección y un trato equitativo; igualmente fomentará las organizaciones de consumidores y las oirán en las cuestiones que puedan afectar, en los términos que la ley establezca.

 

No solamente las personas en forma individual, sino también los grupos humanos vinculados por un interés común y afectados directamente por una infracción de consumo podrán interponer ante las autoridades pertinentes la compensación o reparación de los daños y perjuicios que hubieren sufrido por la afectación de sus derechos como consumidores/as, con lo cual se evidencia la naturaleza de este derecho.

 

Por otro lado, en nuestras comunidades la inseguridad relacionada con la violencia, el crimen, y los conflictos, se ha convertido en una de las preocupaciones ciudadanas prioritarias. Su crecimiento y transformación han hecho de este fenómeno uno de los más actuales e importantes que deben enfrentar los gobiernos locales con un adecuado marco constitucional. Los fenómenos de violencia se ven agravados por el marco de condiciones político-institucionales y económicos-sociales, caracterizado por el aumento de la pobreza, la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad, la desigualdad de género, la exclusión social, el deterioro urbano-ambiental, etc.

 

Promover comunidades justas, pacificas y seguras aborda el aspecto social de la sustentabilidad y la habilidad de una comunidad para disipar tensiones, prevenir la violencia y crear bases para la convivencia pacífica, como fundamento para alcanzar el desarrollo sustentable y el buen vivir. Se debe superar los altos grados de inequidad, disparidad de género y exclusión social, como una condición sin la cual es imposible pretender alcanzar la paz.

 

La pobreza también es una forma de violencia, de ahí la importancia de asumir el compromiso y el desafío que representa enfrentar el tema de la seguridad ciudadana y la construcción de la paz en nuestra nación, incluyendo dentro de nuestra Carta Magna disposiciones que garanticen a los ecuatorianos a desenvolverse en condiciones dignas y seguras.

 

La seguridad es y debe ser entendida como un servicio público, en función de la responsabilidad del Estado de proteger a las personas, pero siempre en el marco del respeto de los derechos humanos de todos sus ciudadanos/as. Un Estado democrático tiene el deber y la responsabilidad de brindar la seguridad como un servicio sometido a las mismas normas de eficiencia y transparencia que reglamentan el resto de servicios e instituciones públicas. En esta perspectiva, la protección por parte del Estado de las instituciones democráticas se constituye en medio conducente a garantizar el desarrollo humano sostenible y la paz.

 

Finalmente, con respecto a los derechos culturales se consignan conceptos innovadores como la comunidad cultural y la memoria histórica, en el marco del respeto y protección de las expresiones culturales. Para ello, el Estado deberá establecer un Sistema Nacional de Cultura.

 

Los asambleístas disponen de 48 horas para presentar sus observaciones a la Comisión Directiva o la Mesa 1, las que serán analizadas para ajustar la propuesta antes del segundo debate.