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En medio del debate por las amnistías, asambleístas de Acuerdo País aprovecharon para denunciar irregularidades y persecuciones. En este marco, el asambleísta Alberto Acosta acusó a los gobiernos de Jamil Mahuad y de Gustavo de Noboa de perjudicar al pueblo ecuatoriano “obligándolo a sufrir” para beneficiar a tenedores de deuda externa. Acosta pidió no olvidar la actuación del presidente de la Comisión negociadora de deuda externa de entonces: Jorge Gallardo.  Por su parte Jaime Ruiz defendió al dirigente Carlos Simbaña y acusó al ex diputado González de haber mantenido acciones de “persecución política” para perjudicar a la comunidad de Tanda y al Municipio de Quito, para beneficiar a la constructora responsable de la construcción del proyecto Rancho San Francisco.

El asambleísta Alberto Acosta pidió dar la amnistía a la ex gerente de la AGD, Wilma Salgado, porque "cometió el delito de tratar de cobrar a quienes no querían devolver la plata del atraco bancario por más 8 mil millones de dólares”.

“Es una perseguida no solo política sino de las oligarquías financieras”, precisó.

Pasó a referirse al manejo de la deuda externa y la negociación de los bonos global, cuando Ecuador vivía una de las peores crisis de su historia, puesto que su PIB había caído en cerca de un 32%, en dólares, del año 98 al año 2000, tras un fenómeno del Niño que había devastado la Costa, con cientos de empresas quebradas, lo que aumentó la migración al exterior, dijo.

“Sabemos muy bien que en esa época, en el gobierno de Jamil Mahuad, cuyo vicepresidente fue Gustavo Noboa Bejarano, llegaron los dos al poder, suspendió por varios períodos el pago de  sueldos a los maestros, médicos, enfermeras, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, disminuyendo la inversión en Educación y Salud.  La pobreza se duplicó, pasó de más o menos un 35% a cerca de 70% y la pobreza extrema se duplicó de un 9% a cerca de un 18%, el desempleo bordeaba el 20% y a pesar de todo el sufrimiento del pueblo ecuatoriano se hizo un esfuerzo enorme para tratar de sostener el servicio de la deuda externa”, argumentó.

Manifestó que cuando fue imposible seguir sosteniendo la situación, en septiembre del 99 se suspendió el pago de la deuda externa, tras lo cual, en marzo “se metió la mano de los bolsillos de los ecuatorianos con el congelamiento de los depósitos y empezó el famoso salvataje bancario que costó al país más de 8 mil millones dólares”.

Aseveró que el mantenimiento del pago de la deuda se convirtió en un objetivo nacional, sacrificando a la sociedad, para lo cual, dijo, participó el Fondo Monetario Internacional  (FMI).

“Ya el gobierno de Noboa, el 4 de abril del año 2000, suscribió una nueva  carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en la que se priorizaba ajuste estructural, se abría la puerta a las privatizaciones y se insistía en la necesidad de re negociar la deuda externa  para cambiar los bonos Braidly por los bonos Global y el gobierno hizo este canje rápidamente y los presentó como un gran logro”, explicó, señalando que se anunció que se mencionó que con estas acciones se ahorraron 1.500 millones de dólares los primeros años.

“No se nos dijo la realidad, porque tanta maravilla no se sostiene en la práctica. Si vemos cuales fueron los objetivos de la oferta de canje coordinada con la firma Salomon Smtith & Barney  y presentada a fines de julio del 2000, se decía que había que aliviar las presiones sobre el flujo de la caja del Estado, con un perfil del servicio de la deuda acorde con la capacidad de pago, pero también se dijo textualmente: maximizar los pagos por adelantado y el flujo a los inversionista mientras tuvieran vida los bonos, mientras la vida del los ecuatorianos estaba sufriendo unas de las peores crisis”, argumentó. 

Acusó a ese gobierno de sacrificar al pueblo ecuatoriano asegurando que se entregó antes de su rendimiento bonos del tesoro norteamericano por un valor estimado de 722 millones de dólares que debían recibir los acreedores de los bonos Braidly, recién en el 2025, que se compraron con recursos del Estado, el cual se endeudó de nuevo con la CAF y el BID para mantener elevada la cotización de los bonos.

Acusó al gobierno de Gustavo Noboa “de hacer lo que quiso con los bonos”, en contra de disposiciones legales, destinándose para otros fines, vendiéndose bonos global por 127 millones de dólares para financiar bancos privados intervenidos por el Estado, en lugar de canjearlos, como estaba dispuesto, por bonos Braidly

“¿Quién era el presidente de la Comisión negociadora de deuda externa, el último presidente del Banco del Pacífico?, Jorge Gallardo, hay que decir las cosas con nombres y apellidos”, precisó pidiendo justicia, “sin que se eche a tierra sobre un pedazo pequeño de la verdad”.

Por su parte Jaime Ruiz defendió al dirigente Carlos Simbaña y acusó al ex diputado González de haber mantenido acciones de “persecución política” para perjudicar a la comunidad de Tanda, en Quito, para beneficiar a la constructora responsable de la construcción del proyecto Rancho San Francisco y al Municipio, por $5 millones de dólares.

El asambleísta Ruiz reconoció que hay de por medio un proceso constituyente  que es parte del gran sueño de transformación del país bajo un proyecto de revolución ciudadana y pasó a exponer un caso en defensa del dirigente de la comunidad de Tanda Carlos Simbaña en el que aprovechó para acusar al ex diputado González de realizar una “persecución política”.

“No es posible entender que un dirigente de una comunidad, de un pueblo tradicional y emblemático como el de la parroquia de Nayón y la comunidad de Tanda, el ingeniero Villacís, haya sido perseguido político por cerca de 20 años por la aristocracia quiteña y el grupo de pelucones de Quito”, dijo.

Pidió hablar respecto al tema, para lo cual expuso ante la Asamblea un gráfico en una pantalla en la que expuso la urbanización Rancho San Francisco.

“El Rancho San Francisco es una de las urbanizaciones más lujosas de la capital, toda la parte inferior tiene alrededor de 80 viviendas lujosas que representan 57 m2 que fueron destinada s para área comunitaria como producto de una regulación municipal y que de manera ilegal, violentando  la Ley de Régimen Municipal, las ordenanzas, se trasladó a uso privado, violando disposiciones legales, para beneficiar a una  constructora que representa el interés del capital  inmobiliario vinculado a las decisiones del gobierno municipal”, dijo.

Expresó que en el proceso, del cual aseguró tener toda la documentación de 20 años,  en que la comunidad de Tanda ha vendido luchando de manera permanente, y acusó de acciones delincuenciales de algunos políticos que destruyeron “la imagen de la función legislativa” en la que ya el pueblo ecuatoriano no cree.

“Algunos miembros de la oposición quieren, con mentiras y engaños, asimilar a esta Asamblea con lo que fue el Congreso. ¿Quién no recuerda las acciones escandalosas y de persecución del diputado de la Izquierda Democrática, Carlos González?  Ese personaje está involucrado en este proceso, es él  el que por congraciarse con el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y  Andrés Vallejo, que están inmiscuidos en este proceso inició una acción en contra del ingeniero SImbaña, una acción que viola todos los procesos y lógicas razonables” , cuestionó.

Aseguró que como diputado, González, desde la Comisión de Fiscalización del Congreso exigió a la Corte Suprema de Justicia abrir un proceso en contra de una persona “que venía luchando por un derecho de la comunidad de Tanda”, Carlos Simbaña.

“Ese es un proceso  que evidencia lo que significa violación de las leyes, de Derechos Humanos, humillación y maltrato a una comunidad”, puntualizó.

Aseguró que se le pretendió canjear al pueblo de Tanda 57 mil metros en el Rancho San Francisco con otra área supuestamente equivalente que tenía un valor mucho menor, para beneficiar a la constructora.

“Esa permuta ilegal que permitió el Municipio de Quito justamente fue el perjuicio que se hizo a la comunidad, la población de Tanda ha luchado infatigablemente porque se repare esa decisión del Municipio de Quito y esa persecución política al dirigente de esa comunidad, lamentablemente en la Justicia ha podido más las influencias, las chequeras  y los poderes fácticos”, expresó.

Abogó así porque se transforme la Justicia, las Notarías y Registros de la Propiedad porque en este proceso, dijo, hay una falsificación de firmas de un Notario.

“Aquí hay un perjuicio a la Municipalidad de Quito por 5 millones de dólares que también tiene que repararse”, precisó al tiempo de insistir en abogar por una amnistía en este caso a favor de dar la amnistía a Simbaña.