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Este viernes la Asamblea Constituyente resolverá el capítulo de las amnistías que se solicitaron para el ex Presidente de la República Gustavo Noboa; los ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) Wilma Salgado, Carlos Arboleda y Luis Villacís; y Carlos Simabaña. La amnistía para Gustavo Noboa y Wilma Salgado fue una solicitud del Presidente de la República, Rafael Correa, el 15 de enero del 2008 cuando presentó su primer informe de labores ante la Constituyente.

En el caso de Gustavo Noboa el informe fue favorable en consideración de que Noboa no habría incurrido en delito penal alguno en torno al proceso de negociación de los bonos de la deuda externa durante su mandato. Se definió que habría sido sujeto de una persecución política.

El documento cuenta al momento con un alcance que incluye las consideraciones del Comité de Investigación de la Deuda que solicita no olvidar el proceso completo de negociación de la deuda, así como que se permita continuar con las investigaciones sobre dicha negociación.

En el caso de Wilma Salgado el informe se definió como favorable al considerar que la ex funcionaria no incurrió en violaciones a la ley de Contratación Pública para la contratación del abogado de coactiva. Se incluyó también el criterio de que fue víctima de una persecución política.

En los casos de Carlos Arboleda y Luis Villacís los informes, según lo indicó la asambleísta Marisol Peñafiel, respaldan la amnistía ya que “la justicia habría servido para criminalizar a las personas”.

Arboleda fue acusado de peculado en la contratación del abogado para le cobro de coactivas, pero “la ley de AGD dice que la entidad no está obligada a cumplir con la ley de Contratación Pública y que los trámites que se den en ese sentido serán responsabilidad de los directores de la entidad”, señaló Peñafiel.

Villacís fue acusado de enriquecimiento ilícito pero “no se dio el debido proceso para su juzgamiento, no se evacuaron las diligencias en el tiempo pertinente”, dijo la asambleísta.

Carlos Simbaña, según lo indicó la presidenta de la Mesa, María Paula Romo, “es un profesional que fue acusado de peculado por el diputado Carlos González”. Peñafiel indicó que en este caso “se violó el debido proceso y la justicia actúo por presión política”.

Indultos

Esta también fue una solicitud realizada por el Presidente de la República. Se argumentó en la desproporción que existe entre los delitos de narcotráfico y la aplicación de las penas con las que se sanciona.

El proyecto de resolución fue trabajado por las y los asambleístas Rosana Alvarado, Abel Ávila, Amanda Arboleda, Rosa Elena de la Torre y Marisol Peñafiel.

El documento de la resolución plantea que el indulto se otorgará a las personas que hayan transportado una cantidad menor o equivalente a 2 kilos de cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica; cuenten con sentencia condenatoria y hayan cumplido el 10% de la pena o un año de detensión al momento de emitir esta resolución.

Se dice además que para beneficiarse del indulto las y los internos no deben haber reincidido en el delito.

Estos temas se conocerán en el pleno de la Asamblea este viernes. Constan como tercer punto del Orden del Día.


Sala de Prensa José Peralta
C/CH