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Raúl Jiménez, vicepresidente de la Asociación de Migrantes Ecuatorianos Rumiñahui, ve con mucha preocupación la decisión de la Unión Europea de que los migrantes podrían ser detenidos por 12 y hasta 18 meses mientras se arregla su retorno. Jiménez enfatizó que esta decisión viene marcada por políticas que ya se iniciaron anteriormente, con las que se da paso a la confusión de la migración, que es un asunto meramente administrativo, con un delito.

“Nosotros vemos con preocupación a las personas que pueden estar en esta situación, ya que estarían a disposición de un funcionario administrativo mas no de un juez”, dijo.

Además, mencionó que las condiciones en las que son apresados los compatriotas son bastante deplorables, con una opacidad en la tutela judicial y sobre todo no cuentan con la visita de sus familiares.

En referencia a la detención de menores de edad, Jiménez acotó que ellos también serán tratados como personas adultas, es decir, serán llevados a cárceles y cuando no posean la tutela de un familiar serán enviados a un tercer país.

Asimismo, dijo, aquellas personas que no presenten su documentación serán remitidas a países de tránsito y no a aquellos de donde son originarios.

Jiménez enfatizó que un claro ejemplo de la persecución de migrantes se ha dado en Italia, en donde su gobierno somete y detiene a las personas indocumentadas por un asunto administrativo y los expulsa, tras lo cual los indocumentados no podrán ingresar a países pertenecientes a la Unión Europea por un tiempo de cinco años.

Precisó que algunas personas entienden que la postura tomada por el gobierno italiano es la correcta, ya que consideran a los migrantes como delincuentes que podrían ser una amenazada a la seguridad nacional, convirtiéndose en un peligro latente.

“Esta es una situación que es una realidad en España, ha sucedido que personas que están en procesos de regularización que tienen sus papeles han sido detenidas y es ahí cuando se les abre un proceso de expulsión”, dijo.

Raúl Jiménez señaló además que, con esta directiva aprobada por el Parlamento Europeo, “se podría dar una situación de libre albedrío ya que las autoridades tanto administrativas como judiciales decidirán la permanencia de los indocumentados en las cárceles con lo que se darán abusos tanto judiciales como administrativos”.

Respecto al Plan de Retorno que propone el gobierno nacional, Jiménez manifestó que esta propuesta, que se podría tomar en cuenta en el futuro, ya que cuenta con muchas limitaciones, por ejemplo, en España se solicita a que si los compatriotas se acogen al Plan de Retorno renuncien a sus servicios y su residencia.

“El gobierno ecuatoriano y español promueven el retorno pero debe coincidir con las Ong`s para ver en qué condiciones pueden regresar los inmigrantes a su país”, señaló en entrevista concedida a Notimundo y Ecuadorinmediato.com.