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El Segundo debate de los Principios de los Derechos Fundamentales fue suspendido a las 21h50, luego de casi siete horas de sesión, en la que intervinieron alrededor de 45 asambleístas. El presidente Acosta tomó esta decisión acogiendo el pedido de varios asambleístas con el fin de enriquecer la discusión y permitir cambios en los textos que presentó la Mesa 1 para el segundo y definitivo debate, que se retomará en una nueva sesión del pleno que deberá convocarse para el efecto.

Al inicio de la sesión que comenzó a las 15H20 la asambleísta María Molina, presidenta de la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, defendió la propuesta indicando que el articulado, responde a una metodología basada en los consensos, en la participación plena, en el ejercicio de respeto a lo diferente, a la suprema valoración de la opinión que es la defensa de la verdad de cada una realidades sociopolíticas del país al que representamos.

“Cuando aceptamos gustosos este desafío para constituir, para refundar verdaderamente la Patria, más allá de los eufemismos y la demagogia a la que había estado acostumbrada la vieja clase política, aceptamos también otros retos: Primero; reconocernos como una nueva generación de ciudadanos convencidos de la voluntad del cambio. Luego expresando a viva voz, con toda nuestra energía que vamos a defender este cambio como la única divisa de la dignidad”, subrayó Molina.

Destacó la presencia y aporte de la sociedad civil, que se ha expresado y se sigue expresando a través de todas las visitas que reciben. “hemos decidido ser combatientes solidarios en esta democracia reciente”, precisó.

“Los asambleístas solamente somos instrumentos en el ejercicio del poder soberano. La Constitución es el corazón de ese poder. Las pulsaciones de esta nueva Constitución, ya no son latidos débiles, son cada vez más fuertes y ahora todo el país puede advertir esta realidad”, añadió.

Sobre los Principios de los Derechos Fundamentales, dijo que abrirán el camino a una nueva Justicia Constitucional, permitirán avanzar en la interpretación de los derechos esenciales al ser humano, volverán exigibles aquellas disposiciones que aún sin encontrarse expresamente designadas en la Constitución, pre-existen en los Instrumentos Internacionales sobre todo aquellos contenidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Desde ahora el Estado no será más una figura ajena a la ciudadanía, será su verdadero garante, será su legítimo activista, será su protector”, agregó María Molina.

La asambleísta Marta Roldós de la RED, destacó, al igual que numerosos asambleístas que intervinieron en el debate, los derechos de la Naturaleza y calificó como un hito fundamental. “Se habla de que la naturaleza no tiene deberes, pero que más deberes si nos ha dado todo”, sentenció.

Por su parte, María José de Luca, asambleísta de Acuerdo País, también recalcó la relación del ser humano con la naturaleza y cuya importancia no se puede dejar de lado.

Rommel Rivera de Sociedad Patriótica, demandó una Constitución que contenga principios prácticos bien fundamentados científicamente y específicamente realistas, agregando que el Estado, es el encargado de hacer respetar estos principios.

En cambio Iván Rodríguez de Acuerdo País, puntualizó la obligatoriedad del Estado de responder las demandas de la ciudadanía, cuando considere que sus derechos han sido violentados."La Nueva Constitución, debe ser justa y sus derechos entendidos por el pueblo", añadió Rodríguez, ratificando su respaldo a la propuesta de la Mesa 1.

Rafael Esteves, asambleísta independiente, apoyado en una anécdota, reiteró su respaldo a los derechos de la naturaleza, que consigna el articulado en debate, sin embargo, lamentó que varias observaciones que acercó a la Mesa 1, no fueran incluidas en la propuesta final.

El asambleísta Carlos Pilamunga de Pachakutik, se refirió a la preocupación de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que no son mencionados en los Derechos Fundamentales, más aún cuando ya son reconocidos a nivel internacional, dijo, procediendo a entregar un documento donde se especifican los parámetros para la construcción de una Estado Plurinacional.

Catalina Ayala, de Sociedad Patriótica, hizo varias observaciones a la propuesta, remarcando que la naturaleza no debe tener derechos sino que deben ser los seres humanos, quienes deben hacer valer esos derechos.

María Paula Romo de Acuerdo País, sostuvo que la igualdad ante la Ley, es una ficción jurídica, mientras que su coidearia, María Palacios, hizo un llamado a dejar de lado los temores tercermundistas y formar parte de un cambio que iniciará con la nueva Constitución, en busca de un desarrollo no solo sustentable sino también sostenible, dijo.

Así mismo, María Soledad Vela, asambleísta de Acuerdo País, se refirió al gran temor que genera la plurinacionalidad, que según explicó, es el manejo de los recursos y los territorios, pero no tienen que convertirse en obstáculos para el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades.

Sergio Chacón de Sociedad Patriótica, destacó que el articulado propuesto por la Mesa 1, exige que todos los miembros de la Función Pública, deben aplicar y ejecutar los derechos de los ciudadanos, y ya no solo los encargados de la Función Judicial.

"Si no se reconocen las nacionalidades se agudizará la pobreza", sentenció por su parte, el asambleísta César Grefa, quien llamó a sus colegas a votar en favor de las nacionalidades en la Nueva Constitución y el asambleísta Norman Wray, argumentó suficientemente, el por qué la necesidad de que consten los derechos de la naturaleza en la Constitución. “Debe sostenerse la legitimación activa del ciudadano y ciudadana, para defender el medio ambiente que ya consta en la Constitución de 1998”, recalcó.

“Estamos hablando de ecosistemas y de comunidades naturales, por la sola necesidad que su existencia garantía la preservación de la vida”, reiteró Wray.

El asambleísta Abel Avila del MPD, enfatizó en las innovaciones que propone la Mesa 1, y se refirió específicamente a la protección de las personas contagiadas con el VIH, que no podrán ser discriminadas al momento de acceder a un puesto de trabajo, ya que ninguna empresa privada o pública, podrá exigir la prueba para determinar si el aspirante, padece la mortal enfermedad. También subrayó los derechos consagrados para las personas con discapacidad que el articulado contiene.

Francisco Cisneros de Sociedad Patriótico, planteó que incluir el VHI en el articulado, no es conveniente ya que aparecen nuevos virus igualmente mortales, por lo que no se debería limitar solamente a esta enfermedad como argumento para discriminaciones de ciudadanos.

Ricardo Zambrano de Acuerdo País, defendió los derechos de los jóvenes y sugirió realizar acciones reivindicatorias, como incluirlos en el cuarto párrafo del numeral C, y que no sigan marginados de las políticas de Estado que se implementan.

Eduardo Zambrano, asambleísta por los migrantes, se refirió sobre la discriminación que se hace a quienes buscan un puesto de trabajo, pero por su edad, no son aceptados. Sugirió que se debería normar la prohibición a las empresas de seleccionar en base a la edad de los aspirantes y no exclusivamente por su capacidad apara desempeñar una actividad laboral.

Giselle Rosado, asambleísta del PRIAN, cuestionó que las observaciones que se hicieron al articulado, especialmente las del bloque al que pertenece, no han sido tomadas en cuenta. Cuestionó así mismo varios numerales, siendo interrumpida por un punto de observación por parte de la asambleísta Cristina Kronfle, quien aclaró que el debate es de los principios fundamentales de los derechos y no de los derechos de los ciudadanos.

La asambleísta Mónica Chuji de Acuerdo País, inició su intervención hablando en su idioma ancestral el quechua y preguntó en español si le entendieron, respondiéndose que muy pocos, precisamente porque somos diferentes y censuró que aún hayan personas que se niegan a admitir esta realidad irrefutable. Así mismo, defendió principios de los pueblos indígenas que deben ser consignados en la nueva Constitución, relacionados básicamente a preservar su historia ancestral. La plurinacionalidad que debe consagrar la nueva Carta Magna, es clave para la asambleísta si se quiere contar con un documento progresista, dijo.

Pablo Lucio Paredes, dijo que es necesario definir el concepto ‘pueblos’. “Si de los que se trata es de establecer quiénes son titulares de los derechos, es indispensable definir a qué titulares se hace referencia con la palabra pueblos”, reiteró.

Igualmente, comentó que la protección de los derechos de la naturaleza no puede corresponder al estado, sino a todos los ecuatorianos. “La experiencia demuestra que la actividad estatal, es también, en muchos aspectos, perjudicial a la naturaleza”, añadió.

Mario Játiva de Acuerdo País, cuestionó la inserción de la identidad de género y orientación sexual, en el numeral C el artículo, y sugirió que solamente debe quedar la palabra sexo. Explicó que los términos en cuestión, son utilizados para identificar los diferentes grupos desde el punto de vista moral y de valores y son calificados normalmente como desviación sexual.

Pedro de la Cruz, asambleísta nacional de Acuerdo País, enfatizó que desde 1998, se reconoció al Ecuador como un país plurinacional y multiétnico, sin embargo, hasta el momento no se supera el racismo ni la exclusión, y las comunidades indígenas, campesinas, afroecuatorianas, continúan viviendo en la extrema pobreza.

Eduardo Maruri asambleísta del Movimiento UNO, dijo que hablar de la naturaleza, no es cuestión de leyes sino de supervivencia y de la misma existencia de la humanidad y eso es lo que está en juego en este momento en todo el mundo.

Mencionó datos estadísticos dramáticos como que más de la mitad de los bosques del mundo, están liquidados y en el Ecuador, se deforestan mil hectáreas diarias. Así mismo, el 40% de las aguas de los mares, están contaminados y menos del 5% de las aguas residuales, son tratadas en América y más de la mitad de los ríos, así mismo, están contaminados, precisó.

Narváez de Acuerdo País, aclaró que la naturaleza si tiene derechos y no como equivocadamente alguien los niega, porque no puede reclamarlos, en tanto, el asambleísta Vicente Mazaquisa, defendió la plurinacionalidad y exigió que debe constar en los Principios de los Derechos Fundamentales, porque no deben entenderse aisladamente y tampoco unilateralmente.

Mae Montaño del Movimiento UNO, después de hacer varias observaciones como que se debe abastecer a todos los asambleístas de café y agua aromática y no solo a los miembros de la Mesa Directiva, durante los debates, así como que se coloque en la pantalla gigante los nombres de los asambleístas inscritos para intervenir; comentó que el texto que se analiza, es una pequeña fanesca, ya que no es metodológicamente correcto que un artículo tenga 11 puntos.

Por su parte, Marisol Peñafiel, asambleísta de Acuerdo País, sostuvo que elaborar una Constitución declarativa, ha permitido que los derechos fundamentales sigan siendo violentados, por lo tanto, 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador, siguen siendo violentadas y que los árboles igual, siguen siendo talados. Por lo que propuso enfatizar en la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos que consagrará la nueva Constitución.

En tanto, el asambleísta Mauro Andino de Acuerdo País, dirigió su intervención a las garantías constitucionales que se plantean en la propuesta de la Mesa 1, en lo referente a la reparación de los derechos conculcados. Propuso que las acciones civiles por daños y perjuicios como consecuencia de la violación de los derechos consagrados en la nueva Constitución, sean imprescriptibles.

Manuel Mendoza, asambleísta de Sociedad Patriótica, reivindicó a los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, que son quienes defienden la soberanía territorial en las fronteras y han luchado en los conflictos armados, ofrendando sus vidas. Así mismo, reiteró su respaldo a la inclusión de los derechos de la naturaleza, que consagra la propuesta en debate.

En cambio Balerio Estacio, asambleísta de Acuerdo País, se refirió al hecho de que la propuesta, otorga derechos a la naturaleza y no reconoce el de los pueblos indígenas que vienen reclamando desde hace muchos años. Sugirió suspender el debate y apoyó en este sentido la opinión de su coideario Trajano Andrade, para analizar más profundamente el articulado.

Alexandra Ocles, asambleísta de Acuerdo País, pidió incluir un artículo que defina claramente los derechos de las diferentes etnias, pueblos y nacionalidades del país, lo que permitiría luchar contra el racismo, por ejemplo, con mayor efectividad.

Al concluir la intervención la asambleísta Alexandra Ocles, el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, dispuso la suspensión.

Los asambleístas están convocados para este miércoles a las 09H00 para tratar en primer debate los articulados que presentó la Mesa 6 sobre Trabajo.


Sala de Prensa José Peralta

F/T